A medida que con buena memoria vamos recapitulando las medidas, los fallos la y la opiniones jurídicas de distinguidos abogados del fuero previsional, mayor
es la convicción de que prevalece una intención fumiguicida hacia los pobres
litigantes, simples hojas ajadas de añosos y apolillados expedientes.
Recuerdo que ante un fallo de la corte que llamaba fuertemente la atención
de Diego Bossio. el entonces titular de ANSES, éste respondió con petulancia
que su misión era defender al Estado contra la acción de los jubilados.
La teoría garantista en el orden previsional, los victimarios son los jubilados que
atacan sin piedad a un Estado vulnerable.
Recuerdo las expresiónes de la ex presidente que, además de calificar
a los jubilados de buitres y caranchos, criticó impiadosamente a los que
iniciaban juicios de actualización de haberes. Ni qué hablar de su histórico e
injustificado veto del 82% móvil aprobado por el Congreso. Y para qué citar los
festejos de los funcionarios de ANSES ante la muerte de molestos litigantes.
En el reciente artículo “El delito de lesa humanidad a la vejez”, mencionábamos
una decisión de primera instancia que modifica el índice de actualización de
salarios que hasta ahora siempre se consideraba al ordenar el recálculo de
haberes, con el que se reducía las subas a los jubilados que van a la justicia.
También dábamos a conocer nuestra opinión sobre la tan mentada “reparación
histórica” que, a nuestro entender, es una extorsión Es oportuno señalar que la
abogada Elsa Rodríguez Romero, comentando la nueva Ley, expresa:
"Para decirlo con absoluta claridad: atender a la situación de los jubilados y pensionados,
por considerarlos uno de los sectores más vulnerables de la población, tal como
en forma expresa –y muy correcta– surge de los Considerandos del Decreto
807/2016, no puede incluir, precisamente por su situación de vulnerabilidad, la
exigencia de renuncia a la eventual defensa de sus derechos ante la Justicia.
Esta condición no parece tener sustento de ninguna índole".
Acaba de dicterse la Resolución No. 203, por la cual ANSES no va a apelar ante
la Corte Suprema los fallos de segunda instancia favorables a los jubilados vinculados
a temas sobre los que ya se pronunció el Alto Tribunal.
Antes de proseguir con la opinión que nos merece este nuevo desacierto a que nos tiene
acostumbrados este organismo, tenemos que decir a todos los ministerios, secretarías,
jueces, cámaras, funcionarios y a nuestro presidente, que hace años el gobierno se
comprometió ante la OEA para no apelar juicios previsionales, que nunca fue
honrado por el gobierno kirchnerista ni tampoco por el actual.
No acaban de entenderse las leyes, decretos y resoluciones superfluas que dicta el gobierno
para que se cumplan leyes en vigencia. Hace falta un grupo consultivo que
analice la procedencia de las mismas previo a su dictado.
En cuanto a la Resolución 203 comprobamos que su aplicación es sólo para los fallos
de segunda instancia, que no serán apelados ante la Corte Suprema, es decir que las sentencias
de primera instancia, continuarán siendo apeladas. Es el gatopardismo de la
administración ANSES que cambia algo para que todo continúe igual, pues aquí es
donde se obstaculizan y se demoran los juicios para que nunca terminen.
En un artículo anterior decíamos que al gobierno le molestan los juicios previsionales
y quiere sacárselos de encima, fue una de las razones que motivó
el plan de reparación histórica. Leyendo los fundamentos de la Resolución
advertimos que no estábamos lejos de la verdad, toda vez que en ellos se señala
que el objetivo es reducir la litigiosidad y “evitar un dispendio innecesario
y, lo que resulta más grave, un daño patrimonial mayor a la administración”.
Volviendo a las raíces del problema, podemos asegurar con toda certeza que la
solución del mismo radica en el cumplimiento estricto y sin influencias de las
leyes y las sentencias, cosa que el gobierno debió haber encarado desde un
principio. Nada de componendas extrañas fuera de la ley.
La situación ha llegado a límites perversos que no podemos ocultar. Se descarta
que la gran mayoría de los litigantes optará por aceptar una fuerte reducción de los
pagos retroactivos para terminar con el calvario que sufre en la actualidad, al sólo
pensar en el tiempo de vida que le queda en esta tierra del Señor
Esto es un delito de lesa humanidad, no cabe la menor duda, pues las
liquidaciones efectuadas desde hace muchos años a los que solicitaban la
jubilación, fue siempre tramposa, hecha adrede, basada en la falta de reacción
de las personas mayores y así se inundó el sector de justicia previsional de
millones de juicios demorados, apelados, perdidos, un verdadero delito de
defraudación. Prueba de ello es que en los sucesivos presupuestos llevados al
Congreso anualmente, siempre había un iteml por miles de millones de pesos
para afrontar el pago de las jubilaciones. Es decir, el Estado reconocía por
anticipado la pérdida de los juicios debido a la deliberada acción del
organismo previsional; era un delito continuado.
Se ha consumado un acto monstruoso, criminal,que no tiene antecedentes en el
mundo civilizado, hay que reconocerlo en toda su magnitud.
En nuestro país los ancianos son descartables, aunque se lo quiera negar o disimular.
Se ha consumado un acto monstruoso, criminal,que no tiene antecedentes en el
mundo civilizado, hay que reconocerlo en toda su magnitud.
En nuestro país los ancianos son descartables, aunque se lo quiera negar o disimular.
