Hace varios años que vengo leyendo en la prensa publicaciones del Fiscal del Ministerio Público Marcelo Carlos Romero. Hoy aparece en Infobae otro artículo del mismo, referido a la independencia de los fiscales. Admiro su capacidad de síntesis en temas complejos como los casos expuestos en una carta que tituló “Perseguidos… y otra “Perdón Zaffaroni “ donde rebate la teoría garantista de un militante kirchnerista que llegó a ocupar un sillón en la Corte Suprema de Justicia, prestándose al mandato de la ex presidente que lo manejó como un verdadero títere.
La crítica a los miserables lacayos del poder la realizó durante el
mandato de los Kirchner y no se amedrentó por la persecución de que fue objeto,
a pesar de que fue reiteradamente sumariado por la Procuración General por la
pública expresión de sus ideas a través de la prensa.
Condenó los fallos absurdos de Zaffaroni citanto los más relevantes como
por ejemplo en el juicio a un encargado de un edificio que forzó a una niña de
7 años a una “fellatio”, se adujo que la luz apagada era un atenuante. En otro
fallo brillante se resolvió que un robo a mano armada perpetrado con un arma
blanca no es considerado delito porque “un cuchillo no es un arma”. En otro de
sus iluminados fallos se dictaminó que un auto estacionado es una "cosa
perdida o abandonada por su dueño" (ya que el propietario no estaba
presente) y por ende el delincuente no habría incurrido en robo, sino en
"apropiación indebida". Podrían citarse más, pero será el último
fallo referenciado el posterior al allanamiento de un laboratorio de droga
donde se requisaron elementos probatorios como balanzas, droga, un molino y los
dediles, ocasión en que dictaminó que aquel no debía ser considerado un local
de venta de droga puesto que no se encontraba en el lugar comprador alguno...
Cuando ya jubilado el ex juez fue postulado por el gobierno a ocupar el
cargo de juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el fiscal Romero
no tuvo ningún reparo en informarle que sumó dos veces su voto a las campañas
de impugnación a su candidatura.
Siempre dio a conocer su sabiduría, honesta, imparcial y valiente en
defensa de sus opiniones. En el caso que nos ocupa hoy día habla de la
independencia de los fiscales y apoya la limitación al mandato del Procurador
General de la Nación sin que ello implique poner en riesgo la independencia del
Ministerio Público. En una magistral exposición afirma que la independencia de
los fiscales está en riego, cuando:
“Exista un procurador, procuradora, fiscal general, o como quiera
llamarse al jefe o jefa del Ministerio Público de la República, militante de un
partido o espacio político, defensor de un relato o de un proyecto, y que
anteponga sus convicciones ideológicas por sobre el respeto irrestricto a la
Constitución y la ley.
Se persigan fiscales por investigar a funcionarios de otros poderes (o a
sus amigos y sus allegados), se les inicien sumarios administrativos o
—directamente— juicios políticos con características de escándalo, comosucedió
con el fiscal porteño José María Campagnoli.
Se intente disciplinar a los miembros del Ministerio Público Fiscal,
prohibiéndoles solapadamente que se expresen públicamente (el que firma estas
breves reflexiones fue reiteradamente sumariado por la ProcuraciónGeneral de la
provincia de Buenos Aires por haber cometido el pecado mortal de expresar sus
ideas por la prensa).
Existan fiscales subrogantes ad hoc, designados por simple resolución de
la Procuración General, sin la evaluación del Consejo de la Magistratura, sin
la propuesta del Poder Ejecutivo y sin el acuerdo del Honorable Senado de la
Nación.
Existan fiscales designados para determinada jurisdicción que sean
trasladados a otras por cuestiones "operativas" o de
"gestión", lo que contrariaría el mandato constitucional para el cual
juraron al asumir sus cargos.
Se exija, para aprobar los exámenes de admisión en el Consejo de la
Magistratura, la adhesión lisa y llana, sin posibilidad de objeción alguna, a
la nefasta pseudodoctrina del abolicionismo penal.
Existan fiscales que le pidan al ministro de Justicia de la Nación que
se "lave la boca" cuando este funcionario osó criticar al gurú del
penalismo argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni".
Si el Poder Judicial diera cabida a magistrados de esta índole moral y
jurídica, ajenos a toda política, idóneos en la función de sus cargos, no
habría por qué buscar una “reforma” de las instituciones..El solo respeto al
imperio de la Constitución y las leyes es la garantía de un confiable Poder
Judicial. Es decir, basta idoneidad, capacidad, moral y decidida voluntad para
cumplir con el cambio prometido.
El Poder Legislativo adhirió al “cambio” desde el momento que se
producen debates y cambio de opiniones en el tratamiento de las leyes para su
correcta promulgación. Se deslizarán errores, producto de un populismo no del
todo desarraigado, como el voto de la ley de cupos, lamentable, pero pasible de
enmienda basada en la experiencia. Ya no es más la escribanía del poder
omnímodo ejercido por el Poder Ejecutivo en el anterior gobierno.
Sólo resta que el Poder Ejecutivo comprenda que el “cambio” consiste
fundamentalmente en el cumplimiento estricto de las leyes y de los fallos
judiciales. El absurdo de querer promulgar leyes para que se cumplan las leyes
, es un espectáculo continuado que venimos observando desde el mismo 10 de
diciembre del 2015. ¿Cree el señor Presidente y su ministro de Justicia que era
necesaria la promulgación de la ley que creó el Programa Nacional de Reparación
Histórica paraJubilados y Pensionados? Disponiendo ipso facto la aplicación de la
ley y la obediencia irrestricta a los fallos judiciales, quedaba solucionado el
grave problema de los jubilados. ¿Cree el señor Presidente y su ministro de
Justicia que un litigante que firma renunciar a sus derechos ante ANSES y
representantes de distintos organismos, no será capaz de hacer valer sus
derechos en el futuro? ¿Puede alguien renunciar legítimamente a sus derechos
previsionales?
El “cambio” prometido de terminar con el curro de los derechos humanos,
¿no tendría rápida solución con este principio del respeto a las leyes penales
en los juicios de lesa humanidad? Si se dispusiera cumplir sagradamente con las
leyes, se desbaratarían todas las causas que por venganza se aplican a los
presos políticos.
No deseo comprometer la opinión del fiscal Marcelo Carlos Romero en los
casos expuestos como ejemplos, sólo he dado mi opinión libremente como la ha
dado él. Me resta felicitarlo por la excelencia de sus escritos. Y así lo hago.
