Como es de práctica el gobierno no
ha elegido momento más inoportuno para invitar a la CIDH, Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, para realizar la reunión anual de la
organización en Buenos Aires, coincidiendo con el aniversario patrio del 25 de
Mayo.
Es probable, casi seguro, que esto haya sido sugerido o silenciosamente
solicitado a nuestros distraídos funcionarios por los mismos interesados,
siempre hábiles en la política furtiva de encender hogueras para el logro de
sus propósitos.
La difícil tarea de socavar
instituciones, tradiciones y principios democráticas constituye una inteligente
maniobra que comenzó a desarrollarse tomando como estandarte de los derechos
humanos la “ilegítima” detención de la militante Milagro Sala. Lo habíamos
previsto y alertado en anteriores artículos con sólidos argumentos que no tuvieron
eco en los organismos gubernamentales, ni en el llamado “prestigioso”
periodismo nacional.
Todo se fue cumpliendo de acuerdo
a los planes programados, hasta llegar al desembarco de la comisión de la OEA que con licencia del gobierno llevó a cabo, imprudentemente, inspecciones, visitas y audiencias que lesionan la
independencia y soberanía nacional.
La influencia que ejerció la pública
censura a la justicia penal del país, alentada por sus colegas del CELS, Amnistía Internacional y otras organizaciones
populistas, tuvo graves consecuencias al producir serias polémicas y
enfrentamientos que dieron por resultado la desorientación de nuestra
ciudadanía, no preparada a esa esgrima dialéctica tan bien manejada por el
marxismo. El resultado final fue la intempestiva reunión en la legislatura para
modificar en 24 horas la ley del 2x1 que daba la elección de la ley más benigna
a los condenados en juicios penales.
Es indudable que, aunque
tardíamente, se está manifestando una reacción ante el rápido y sorpresivo desenvolvimiento
de los hechos, que se evidencia en asociaciones profesionales de abogados,
juristas, y otras organizaciones pensantes, emisoras de comunicados elocuentes
con críticas opiniones a la forma en que ha sido manejada esta importante
situación legal.
Sucede que fuentes fidedignas
informan que recién ahora el gobierno comienza a preocuparse por las
derivaciones de la reunión del CIDH, pues aunque no figura en los temas a
tratar, la detención de Milagro Sala podría incluirse en los debates. No hay
que olvidar que la Comisión subscribió el informe del Grupo de Trabajo de la
ONU que cuestionó duramente la detención de la dirigente populista. Se hizo
mención además al decreto que permite la deportación de extranjeros que cometen
delitos.
La agenda de las audiencias
públicas previstas para la CIDH en la reunión de esta semana abordará temas muy
sensibles para el país, para Brasil y para Venezuela.
¿En el gobierno, asomó la más
remota idea de que el 25 de Mayo en plena reunión de un orquestado organismo de
extrema izquierda se pueden echar a volar despiadadas críticas por la “ilegal”
prisión de una ilustre indígena, víctima de un gobierno derechista y oligárquico
y por la injusta deportación de hermanos sudamericanos que cometen delitos?
¿Era éste el momento indicado para
cursar una invitación que puede empañar los festejos de nuestro aniversario, despreciado
durante tantos años por el gobierno anterior?
Estamos a 22 de Mayo, con el plenario ya comenzado, y nuestro mayor deseo, en honor a nuestra Patria, es que podamos festejar nuestro sagrado aniversario el 25 de Mayo de 1810 sin ninguno de los posibles contratiempos que hemos esbozado con nuestra mejor intención.
