Nunca ha
sido tan clara la motivación política de los juicios ilegales a los militares
llamados prejuzgadamente “represores”. Basta con evaluar la trascendencia que
se ha dado a un fallo de orden penal que, por el sólo hecho de comprender a uno
de ellos, levantó un vendaval de acusaciones, críticas, opiniones y amenazas.
Transcurrieron largos años sin que se
escuchara un reclamo o queja por la
imposición penal de la pena más beneficiosa al condenado, denominada del 2x1 y
ahora presenciamos fuertes debates, programas periodísticos, radiales,
televisivos y escritos que asignan al caso mayor importancia que a las elecciones
en Francia o a la situación internacional en Venezuela, Corea. EE.UU. China y
Rusia.
Las
declaraciones condenatorias de los funcionarios del Poder Ejecutivo, ordenadas
por el presidente y cumplidas por su jefe de Gabinete y demás funcionarios del
área del ministerio de Justicia, dan la pauta más evidente de que algo está
podrido en los procedimientos de los juicios de lesa humanidad, y que el olor
nauseabundo que venía del gobierno kirchnerista continúa con su fétido aroma en
el gobierno del Pro.
Voy a
atribuirme un merecimiento que en el ambiente mistongo del arrabal porteño lo
llamamos “descubrir el agujero al mate!” y consiste en que me arrogo la virtud
del descubrimiento del año. He descubierto con bases sólidas e
inapelables que los juicios de lesa humanidad son políticos. Los fundamentos expuestos por reconocidos juristas y organismos jurídico internacionales, son rotundas, pero esta vez ofrecemos"la prueba".
Nadie ha caído en
la cuenta de que los numerosos exabruptos surgidos de todos los ambientes de la
sociedad, las instituciones, la iglesia y, en especial, del periodismo cultivado por los comentaristas políticos, a raíz de un fallo
respetuoso de la ley en una sentencia de carácter penal referida a la cuantía
de la pena, ha dejado en clara evidencia que no se reparó en
ningún momento en el valor jurídico de la sentencia que se dictó, simplemente
basada en la legislación penal vigente.
Se da el caso de establecer una
comparación muy graciosa que reflejaría el interrogante de los jueces que la dictaron,
muy probablemente extrañados por la explosiva reacción provocada, totalmente
desproporcionada a la relación causa, efecto. Recuerda a la divertida
explicación dada por el japonés en Hiroshima. “No sé que pasó, tiré la cadena y
se produjo una explosión”. Los tres jueces dirán, “no sabemos qué pasó,
firmamos la sentencia y se produjo una explosión.”
Si
reiteramos que desde hace varios años, la aplicación de la ley llamada del 2x1,
no mereció la mínima atención pública, periodista ni política y ahora toma las proporciones de una colosal polémica
que se desata a lo largo de todo el país, con sesgos de violentas
declaraciones, la única razón que le asiste a este insólito comportamiento, es
la política y aquí descubro el agujero al mate.
¿Alguien puede negarlo?.
Entiendo que la conclusión de mi afirmación es
válida porque responde lógicamente a las premisas enumeradas que no tienen
discusión, lo que equivale llegar a una consecuencia lógica. Pareciera el resultado de un teorema con una deducción lógica, dicho sin petulancia, como una comprobación de lo afirmado.
Si hemos demostrado que la motivación de los juicios de lesa humanidad fue política, llegamos al corolario de que son ilegales, pues tanto la política, como la ideología, la religión y todo tipo de discriminación invalidan las decisiones judiciales que deben responder exclusivamente a las leyes en vigencia, específicamente en el derecho penal. Así llegamos a la conclusión final de que el gobierno debe recapacitar y desandar el camino que lo está llevando al fracaso de una democracia republicana que tiene por antonomasia respetar la absoluta división de los tres poderes del Estado. La Justicia se halla peligrando en el terreno actual que hay que rectificar de inmediato. La experiencia que está viviendo la ciudadanía en el ámbito de la Justicia, lo impone.
