Una actualización sobre el juez federal Daniel Rafecas propuesto por el Presidente Alberto Fernández para Procurador General de la Nación.
EL APOGEO DE LA VENGANZA - 16/01/2019 -
El juez Daniel Rafecas elevó a juicio una causa que tiene a siete militares del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes imputados por los secuestros de 37 personas, de las que treinta permanecen desaparecidas, durante la dictadura cívico militar.
Los imputados son Luis Fernández Bustos, Mayor del Ejército, quien se desempeñó como Segundo Jefe y jefe de la Plana Mayor del Regimiento de Infantería N°6 de Mercedes durante la dictadura
Con él están imputados Serapio del Río, Teniente Primero y Jefe de Compañía; Gustavo González Sass, Teniente Primero y Jefe de la Compañía Comando y Servicios; y los oficiales subtenientes Morello, Horacio Linari, Luis Alberto Brun y Sánchez Zinny.
La causa investiga los secuestros de 37 militantes del área de prensa del ERP cometidos en la zona Oeste del Gran Buenos Aires, que fueron realizados por el RI6. El expediente comenzó con la investigación del operativo realizado el 10 de julio de 1976 en lo que era la imprenta de las revistas “El Combatiente” y “Estrella Roja”, ambas publicaciones del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
El lugar funcionaba también como “cárcel del pueblo” donde el grupo guerrillero mantuvo en cautiverio al Vicecomodoro de la Fuerza Aérea Roberto Echegoyen, ultimado durante el intercambio de disparos entre guerrilleros y militares.
Todavía tienen el descuido de reconocer que las “víctimas” eran militantes del área de prensa de los terroristas del ERP, imprenta de las revistas •El Combatiente” y “Estrella Roja” Ni siquiera respetan la prescripción fijada por el Derecho Penal. Pasaron más de 40 años los acusados eran dos tenientes y cinco subtenientes.
Esto ya es una terrible venganza criminal que no tiene antecedentes en ninguna historia del mundo. Y se publica como la cosa más natural, como si ocurriera en otro planeta
El obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, envió una carta al diario La Nación, hace cinco meses, que el matutino tuvo la honestidad de publicar en su editorial, donde advirtió que en su primer año de labor pastoral ha observado “cómo, embanderados en derechos del pasado, se cometen hoy graves, intolerables e injustificables injusticias”.
"La situación de muchos detenidos por delitos de lesa humanidad es una vergüenza para la república: una discriminación nunca vista en democracia, llevada a cabo especialmente por algunos miembros del Poder Judicial, con el silencio cómplice de algunos de los miembros de otros poderes y de buena parte de la dirigencia nacional”, puntualizó.
Y cuánta razón le asiste, pues hasta los criminales nazis sentenciados a perpetua tuvieron acceso a la humana ley de prisión domiciliaria por su edad. Y eso luego de una guerra sangrienta de hace más de 70 años.
¡Qué gran culpa lleva el periodismo colgada a sus espaldas! Nada de esto se publica, ni en letra pigmea. ¿Sabe el pueblo indolente que más de 450 murieron en silencio en el cadalso de la venganza, mientras fueron arrojadas flores en honor a los asesinos terroristas que los juzgaron?.
Si lacra es la política correcta que asesina por conveniencia electoral o ideológica, más lacra es el periodismo mercenario, obsecuente y miserable que se titula cuarto poder.
El prelado consideró necesario “transitar caminos de verdad y de justicia para alcanzar la paz”, y sostuvo: “No podemos mirar la historia con un ojo solo; necesitamos una mirada compasiva sobre todos aquellos a los cuales les tocó vivir la locura del enfrentamiento fratricida de aquellas épocas. Enfrentamientos en los cuales hemos perdido todos”.
“Debemos pedir justicia con fuerza, coraje y valentía, porque muchos hermanos argentinos mueren en las cárceles o en sus domicilios sin condena”, advirtió el obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, en su carta de lectores al diario La Nación y se preguntó: “¿Es esto justicia?”
Debemos señalar también que el editorial de La Nación del 6 de mayo de 2016 publicó en su editorial:
"Ha pasado tiempo suficiente para que se dé respuesta a una contradicción insostenible entre el respeto a los derechos humanos que tanto se proclama y la violación que significa el tratamiento de personas a quienes la Justicia parece ignorar.”
El panorama es triste y lúgubre, pues como dijimos ya han fallecido en cautiverio más 450 presos politicos, el último un General del cuerpo de Ingenieros, de 95 años de edad.
Continúa la saga de retrasadas acusaciones que el gobierno con pausada parsimonia se coloca en el rol de querellante, en el gobierno nacional en la persona del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, muy diligente en su escabrosa tarea, y en la provincia de Buenos Aires, en el secretario Santiago Cantón, designado por la gobernadora María Eugenia Vidal, que al hacerse cargo de la función expresó con orgullo textualmente:
"El Estado bonaerense a través de esta secretaría se presentará como querellante en los procesos de lesa humanidad. Existe la firme voluntad de la gobernadora Vidal de continuar con estos juicios y con la política de memoria, verdad y justicia.
No habrá marcha atrás con estos temas.”
Las dos secretarías de los derechos humanos le marcan la cancha a nuestro presidente, contradiciendo su promesa electoral de“terminar con el curro de los derechos humanos”, según sus propias palabras.
¿Debemos suponer que Mauricio Macri ignora todo lo que hemos expuesto? ¿O que le resbalan suavemente por el cuerpo como actos sobrenaturales que escapan a su responsabilidad?
Los imputados son Luis Fernández Bustos, Mayor del Ejército, quien se desempeñó como Segundo Jefe y jefe de la Plana Mayor del Regimiento de Infantería N°6 de Mercedes durante la dictadura
Con él están imputados Serapio del Río, Teniente Primero y Jefe de Compañía; Gustavo González Sass, Teniente Primero y Jefe de la Compañía Comando y Servicios; y los oficiales subtenientes Morello, Horacio Linari, Luis Alberto Brun y Sánchez Zinny.
La causa investiga los secuestros de 37 militantes del área de prensa del ERP cometidos en la zona Oeste del Gran Buenos Aires, que fueron realizados por el RI6. El expediente comenzó con la investigación del operativo realizado el 10 de julio de 1976 en lo que era la imprenta de las revistas “El Combatiente” y “Estrella Roja”, ambas publicaciones del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
El lugar funcionaba también como “cárcel del pueblo” donde el grupo guerrillero mantuvo en cautiverio al Vicecomodoro de la Fuerza Aérea Roberto Echegoyen, ultimado durante el intercambio de disparos entre guerrilleros y militares.
Todavía tienen el descuido de reconocer que las “víctimas” eran militantes del área de prensa de los terroristas del ERP, imprenta de las revistas •El Combatiente” y “Estrella Roja” Ni siquiera respetan la prescripción fijada por el Derecho Penal. Pasaron más de 40 años los acusados eran dos tenientes y cinco subtenientes.
Esto ya es una terrible venganza criminal que no tiene antecedentes en ninguna historia del mundo. Y se publica como la cosa más natural, como si ocurriera en otro planeta
El obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, envió una carta al diario La Nación, hace cinco meses, que el matutino tuvo la honestidad de publicar en su editorial, donde advirtió que en su primer año de labor pastoral ha observado “cómo, embanderados en derechos del pasado, se cometen hoy graves, intolerables e injustificables injusticias”.
"La situación de muchos detenidos por delitos de lesa humanidad es una vergüenza para la república: una discriminación nunca vista en democracia, llevada a cabo especialmente por algunos miembros del Poder Judicial, con el silencio cómplice de algunos de los miembros de otros poderes y de buena parte de la dirigencia nacional”, puntualizó.
Y cuánta razón le asiste, pues hasta los criminales nazis sentenciados a perpetua tuvieron acceso a la humana ley de prisión domiciliaria por su edad. Y eso luego de una guerra sangrienta de hace más de 70 años.
¡Qué gran culpa lleva el periodismo colgada a sus espaldas! Nada de esto se publica, ni en letra pigmea. ¿Sabe el pueblo indolente que más de 450 murieron en silencio en el cadalso de la venganza, mientras fueron arrojadas flores en honor a los asesinos terroristas que los juzgaron?.
Si lacra es la política correcta que asesina por conveniencia electoral o ideológica, más lacra es el periodismo mercenario, obsecuente y miserable que se titula cuarto poder.
El prelado consideró necesario “transitar caminos de verdad y de justicia para alcanzar la paz”, y sostuvo: “No podemos mirar la historia con un ojo solo; necesitamos una mirada compasiva sobre todos aquellos a los cuales les tocó vivir la locura del enfrentamiento fratricida de aquellas épocas. Enfrentamientos en los cuales hemos perdido todos”.
“Debemos pedir justicia con fuerza, coraje y valentía, porque muchos hermanos argentinos mueren en las cárceles o en sus domicilios sin condena”, advirtió el obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, en su carta de lectores al diario La Nación y se preguntó: “¿Es esto justicia?”
Debemos señalar también que el editorial de La Nación del 6 de mayo de 2016 publicó en su editorial:
"Ha pasado tiempo suficiente para que se dé respuesta a una contradicción insostenible entre el respeto a los derechos humanos que tanto se proclama y la violación que significa el tratamiento de personas a quienes la Justicia parece ignorar.”
El panorama es triste y lúgubre, pues como dijimos ya han fallecido en cautiverio más 450 presos politicos, el último un General del cuerpo de Ingenieros, de 95 años de edad.
Continúa la saga de retrasadas acusaciones que el gobierno con pausada parsimonia se coloca en el rol de querellante, en el gobierno nacional en la persona del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, muy diligente en su escabrosa tarea, y en la provincia de Buenos Aires, en el secretario Santiago Cantón, designado por la gobernadora María Eugenia Vidal, que al hacerse cargo de la función expresó con orgullo textualmente:
"El Estado bonaerense a través de esta secretaría se presentará como querellante en los procesos de lesa humanidad. Existe la firme voluntad de la gobernadora Vidal de continuar con estos juicios y con la política de memoria, verdad y justicia.
No habrá marcha atrás con estos temas.”
Las dos secretarías de los derechos humanos le marcan la cancha a nuestro presidente, contradiciendo su promesa electoral de“terminar con el curro de los derechos humanos”, según sus propias palabras.
¿Debemos suponer que Mauricio Macri ignora todo lo que hemos expuesto? ¿O que le resbalan suavemente por el cuerpo como actos sobrenaturales que escapan a su responsabilidad?
