Ha trascendido que la suspensión de la fórmula jubilatoria decretada por el DNU del presidente Alberto Fernández se ha prorrogado por 180 días por decisión del oficialismo en la reunión de la Comisión de Movilidad.
Otra vez la dictadura democrática hace valer la polémica autorización del Congreso que delegó al Poder Ejecutivo la suma del poder público.
Lo irónico del caso es que en la reunión se acordó enviar un pedido a Anses para que con el propósito de mantener su sustentación financiera, informe sobre las jubilaciones especiales que abona la institución.
A buen puerto fueron por leña. La serie de irregularidades observadas en los datos de Anses al rechazar casi un millón de solicitudes de IFE, ponen en evidencia un desorden descomunal que se agrava al descubrirse que se ot0rgó el beneficio de estas subvenciones a miles de paraguayos que cruzaban de Clorinda a Formosa para cobrarlas.
Y eso no es nada si tomamos en cuenta los miles de jubilaciones truchas que Anses otorgó a nacionales de los vecinos países como sobornos para que con falsos documentos vinieran a votar en épocas de elecciones.
Volviendo al punto inicial sería importante que se nos informara si existe algún registro en la Cámara de Diputados, en los úlimos 15 años por lo menos, sobre la presencia en el recinto de algún miembro representante de la Asociación de Jubilados Aportantes AAJA u abogados previsionales, para la discusión de los proyectos, leyes o medidas que se estudian y adoptan violando sus derechos.
Al efectuar este pedido de información, tenemos en cuenta que siempre se tuvo en consideración las opiniones de los distintos gremios, gastronómicos, camioneros, industriales, de comercio, etc. mientras que los ocho millones de jubilados, conforman en la sociedad un sector de eunucos sin derechos, cuyos únicos atributos los llevan colgando.
