Así como se depositan en mi cuenta bancaria los haberes mensuales, puede hacerse lo mismo con lo que se me está adeudando, pues no creo que el bicho contagioso pueda infectar el trámite bancario.
La burocracia totalitaria en que nos ha envuelto el gobierno a partir de la polémica autorización del Congreso para delegar al Ejecutivo la suma del poder público, lleva a extremos irrazonables como el que acabamos de relatar.
Traigo a colación una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de junio de 2016 donde formula una advertencia que da pie a nuestra protesta en defensa de los derechos humanos de los jubilados.
"Destaco el agravamiento que supone para los jubilados la tardanza en resolver sus planteos sobre la base del mandato que emerge de la Constitución Nacional y de los instrumentos internacionales de derechos humanos de garantizar el pleno goce de los derechos en particular respecto de los ancianos (art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional), reitero la solicitud realizada en la Acordada 14/2014 a la Cámara Federal de la Seguridad y a los demás poderes del Estado para que adopten las medidas necesarias para acelerar todos los juicios previsionales."
No es necesario ser un catedrático de Derecho, ni licenciado en ciencias sociales, para entender la humana intención que subyace bajo la reiteración de la solicitud a la Cámara Federal de la Seguridad y a los demás poderes del Estado para que adopten las medidas necesarias para "acelerar" todos los juicios previsionales.
Supongo que el presidente Alberto Fernández no convocará una vez más a los infectólogos para recabar su científica opinión respecto a la influencia del virus sobre las transferencias bancarias y, en carácter transitivo, sobre la salud de los amordazados jubilados que, víctimas de su vulnerabilidad, permanecen aislados, a la espera sine die que se reanude el trámite de sus expedientes.
