El 30 de diciembre de 2020 el juez Ezequiel Pérez Nami hizo lugar a un planteo de la Vicepresidente Cristina Kirchner y la autorizó a cobrar su pensión como expresidente. más la de su marido, el expresidente Néstor Kirchner, con intereses retroactivos y sin pagar el impuesto a las ganancias
Luego de apelar sistemáticamente todas las sentencias previsionales favorables a los jubilados, en la mayor parte de escasos montos, Anses no había apelado, como es su inveterada costumbre protocolar, el caso de la Vicepresidente, a pesar de que esa sentencia representa una cuantiosa suma de más de 20 millones de pesos y que viene a ser la única oportunidad de apelar con fundamentos. Tampoco apeló la Procuración del Tesoro. Estábamos a la espera de un típico caso de servilismo humillante que no tiene parangón en la historia, y que, de producirse, sería un espectáculo dantesco de parcialidad y obsecuencia.
Bajo la dirección de Massa, Boudou, Bossio Basavilbaso, Vanoli, Raverta, Anses se convirtió en acérrimo enemigo de los jubilados, mediante una persecución constante en contra de sus derechos y de la aprobación de ajuste de sus haberes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) apeló finalmente el jueves 15 el fallo que habilitó a Cristina Kirchner a cobrar dos pensiones honoríficas de privilegio.
Los plazos judiciales para realizar la apelación vencían ese ese mismo día y el breve escrito obligado del abogado de Anses, sólo señaló que se interpone la apelación "en tiempo y forma", según lo establecido en el Código Procesal Civil y Comercial.
En los dos párrafos que componen la nota, sólo se expuso que la decisión del juez Nami del 29 de diciembre, "causa gravamen" al organismo de la seguridad social.
Nos encontramos hoy que en el mismo día que el presidente, Alberto Fernández, calificara como una "payasada" que se judicialice la causa de los "vacunados VIP" y mandara a leer el Código Penal al fiscal y a la jueza que llevan adelante la investigación, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) envió una carta de intimación al fiscal diciendo que tiene 30 días para decidir si se jubila o no.
No es la primera vez que Eduardo Taiano sufre situaciones complicadas cuando está investigando. Esta vez, un organismo oficial, es decir, la ANSES le pregunta, justamente el día que motorizó la investigación por las vacunas VIP, si quiere seguir en el cargo o no.
Eduardo Taiano fue el fiscal que pidió los allanamientos al Ministerio de Salud y del Hospital Posadas y quien escuchó, en persona, las declaraciones del director del hospital, Alberto Maceira, que complicaron a Ginés González García al confirmar que se aplicaron 10 dosis a personas en el antedespacho del titular del Ministerio de Salud Pública.
ANSES ya había enviado una resolución a 220 jueces y fiscales, con el trámite de su jubilación iniciados, para que presenten su renuncia en 30 días y dejen el cargo, o de lo contrario se iba a rever la situación de cada uno de ellos
Se confirma una vez más el papel que juega el organismo más corrupto e impune de la Administración Nacional en todos los gobiernos, desde su creación, ahora bajo la denominación de ANSES, con la caja de mayores caudales siempre gustosamente propicia a prestar el apoyo económico al que lo solicite u ordene.
Por algo la Agencia de Acceso a la Información Pública al presentar hoy los primeros resultados del Índice de Transparencia Activa, en el marco del Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2019-2022 coloca a este organismo en el último lugar con puntaje 0 en casi todas las categorías.
