Nadie en su sano juicio puede aceptar que el Presidente de la Nación, en la apertura del Congreso, se permita agredir, ofender y desafiar al Poder Judicial y a la Corte Suprema de Justicia en los términos autoritarios e injuriosos que utilizó en su fallido discurso de unión nacional.
Pasará a la historia como el desprecio y el ultraje más grande proferido públicamente en el sagrado recinto del Congreso durante el acto republicano de la inauguración de sus sesiones anuales.
En su insólita enunciación de agraviantes acusaciones, afirmó el Presidente que "el Poder Judicial está en crisis, Parece vivir en los márgenes del sistema republicano. Sus miembros disfrutan de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad."
Anunció la creación de un Tribunal Federal de Garantías que limite el poder de la Corte Suprema, lo que será motivo de fuertes rechazos, dado que el Poder Ejecutivo no puede interferir en la actividad judicial, como lo dice el artículo 109 de la Constitución.
Le solicitó al Congreso que cumpla un rol de control del Poder Judicial, pues "institucionalmente alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido en la administración de justicia de nuestra república."
Luego, en abierta demostración de que todos sus pasos tienen por objeto disculpar a su Vicepresidente de sus procesos, manifestó que "En la Argentina de hoy, hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión, que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara".
Olvidó que su lado se hallaba sentada la Vicepresidente de su país con procesos más severos, como el de corrupción, pero que algo de esto la estaba afectando. A ello obedece la pretendida castración de la justicia que opera por su intermedio, en esos mismos momentos.
Nos hallamos en una situación terminal cuyas consecuencias las conocemos. Rige un gobierno autoritario en anomia que justifica la desviación, el delito y la criminalidad, con la impunidad que le brinda su disfraz democrático.
