La demora de la Justicia en los trámites del proceso penal puede hacerla caer en el prevaricato. El tiempo va diluyendo las pruebas y los fundamentos a límites impensados, con el peligro de perder fuerza y actualidad y también de provocar la prescripción, todo esto manejado hábilmente por los acusados que se muestran víctimas de la sociedad bajo la doctrina del garantismo.
En ese devenir cobra fuerzas el acusado que obstaculiza, impugna y alega inconstitucionalidad, empecinadamente, hasta lograr la confusión y demora en las resoluciones de los magistrados.
Es lo que acaba de suceder en las causas de Los Sauces y Hotesur, por supuesto lavado de dinero, donde el Tribunal Oral Nº5, devolvió el control de sus hoteles y propiedades a la Vicepresidente Cristina Kirchner y a sus hijos.
Entiéndase bien que no se está valorando el fallo, sino que el mismo es consecuencia de la demora instalada.
Esta decisión fue tomada por los jueces Daniel Obligado y Adrián Grümberg, el primero de ellos fue el que concedió prisión domiciliaria a Amado Boudou y el segundo dispuso la excarcelación de Julio De Vido, porque "no había serios motivos para que siguiera detenido", mientras la jueza Adriana Pallotti votó en disidencia.
Los motivos aducidos por la jueza guardan relación con nuestros principios enunciados. pues expresa: "Las intervenciones judiciales que fueran dispuestas resultan adecuadas, proporcionadas y razonables, teniendo en consideración los objetivos tenidos en miras y el respaldo normativo específico, las que, además, fueron prorrogadas hasta la actualidad por este mismo tribunal. Justamente es en ese aspecto, que radica mi opinión contraria a mis colegas"
En suma, las prórrogas dispuestas por el mismo tribunal son la causa de los votos afirmativos de sus colegas.
Este proceso se abrió en el año 2014 por una denuncia de la abogada Silvina Martínez, donde se probó que desde 2006 hasta 2016 funcionó una estructura asociativa permanente conformada por Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Victor Manzanares, Osvaldo Sanfelice, Carlos Sancho y Jorge Ludueña y a la que luego se sumaron Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabian de Souza, Florencia Kirchner y Romina Mercado, entre otros". Causas Nº 11352/2014 y 3732/16.
El primer juez de la causa fue el fallecido juez Claudio Bonadío con el fiscal Carlos Stornelli en donde se dispuso el allanamiento de las empresa el 20 de noviembre de 2014. Julián Ercolini fue el siguiente juez, que dispuso una pericia contable con peritos oficiales.
Y he aquí que Lleva 7 años dando tumbos por impericia o por aquiescencia de los magistrados, o bien porque no somos iguales ante la ley. Tengo por seguro que si los acusados fueran "Don Nadie" ya hubiéramos tenido fallo hace mucho tiempo.
Se llamó a juicio oral para el año 2019, pero se postergó por equis razones al año 2020, donde quedó postergado "sine die" por la pandemia del coronavirus.
Parodiando al filósofo, sociólogo, economista, periodista, intelectual y comunista KarlMarx, esto comienza en tragedia y termina en farsa. Lo primero, por lo que significó para el pueblo argentino el descubrimiento de la gran estafa de sus funcionarios a su propio país, en la cabeza de sus presidentes, que pasará como el hecho de corrupción más grande de la historia.
Lo segundo, por la falsedad, patraña, odio y venganza puesta en juego por los delincuentes y sus abogados en las desesperadas medidas que adoptaron y acentúan, tendientes a la anulación de los juicios, con despiadados ataques a la justicia y al periodismo, considerado este último como el motor de las denuncias.
Dentro del dramatismo que esta situación implica, se configura una sátira peligrosa dado el poder y fuerte autoritarismo que ejerce el gobierno en donde residen los principales acusados y sus tenaces colaboradores. que van por la destrucción del Estado con tal de evitar su segura condena.
