viernes, 14 de diciembre de 2018

LOS CUADERNOS DE ANSES . 40a. Parte -

Junio de 2018
¡Qué comentario puedo hacer a este informe que confirma lo que vengo denunciando desde hace años.! ¿Qué importa más, la plata que el estado nos quiere robar con leyes anticonstitucionales, o lo que “lamentablemente” no puede ahorrar para los gastos fiscales a costa de los ancianos?
¿ Dónde están los inefables periodistas “sabelotodo” que no publican una sola línea sobre esta histórica estafa contra los más débiles e indefensos ciudadanos que trabajaron toda su vida para que ahora liquiden sus esperanzas y su ganado patrimonio de un plumazo asesino?
Somos defensores crónicos que difunden estos actos criminales y vergonzantes, pero sólo en las redes sociales, porque los medios no ganan rating ni “publicidad paga” para ocuparse de los graves problemas de nuestras víctimas del Estado.
Si los acaudalados y prestigiosos medios de comunicación no nos escuchan, llenemos todos los canales de las redes a nuestra disposición para que el mundo se entere de este saqueo inhumano por espurios intereses fiscales.
Me permito rectificar el título del artículo ya que esta ola de reclamos judiciales, no amenaza a Anses, ya que la digna institución social colabora alegremente para destrozar a los jubilados.
La amenaza es, fue, y será siempre contra ellos. Esto es historia.

jueves, 13 de diciembre de 2018

LOS CUADERNOS DE ANSES - 39a. Parte -


Junio de 2018

Tercer frente
A pesar de las situaciones mencionadas, el frente de tormenta más importante que tiene la ANSES es la enorme cantidad de juicios por reajuste de haberes que existen en los tribunales de la Seguridad Social.
Hay aproximadamente 150.000 casos que esperan resolución o que ya la tienen, pero los montos surgidos en los distintos reclamos aun no fueron cancelados por el organismo previsional.
Si bien la ANSES, al comienzo del gobierno de Mauricio Macri, se había comprometido a no apelar las sentencias en contra para evitar dilaciones y perjuicios a los reclamantes (muchos de ellos de edad avanzada o que sufren un estado de salud vulnerable), esto no se terminó plasmando en la realidad.
Se estima que la cantidad de recursos de queja para que la Corte Suprema se expida supera los 1.000 casos por semana.
El más emblemático es el caso “Elliff”, dictado en agosto de 2009, por la falta de actualización adecuada de los sueldos de los 10 últimos años anteriores al cese laboral que se toman como referencia para calcular el valor mensual de arranque de quienes se jubilan.
En tanto, la Corte Suprema espera analizar el caso “Di Mario Carmelo c/ ANSES”, en el que el organismo previsional pide que reemplace el Isbic por el Ripte para actualizar el haber inicial, porque un fallo de segunda instancia se negó a modificar los índices por los de la Reparación Histórica.
El organismo previsional pretendía que las disposiciones judiciales se adaptaran a la manera en que el Gobierno calcula las mejoras de los ingresos que se ofrecen en el plan de reparación histórica, en función de lo dispuesto por ley.
Pero las salas de la Seguridad Social consideran ilegal el índice de ajuste que aplica ANSES para los juicios vigentes por reajuste, basado en la RIPTE y ordenan reemplazarlo por el ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción) que supera ampliamente porcentaje de movilidad y retroactivo a calcular.
La diferencia entre ambos porcentajes es muy importante ya que, por ejemplo, entre 1995 y febrero de 2009 el incremento del ISBIC fue del 435%; mientras el RIPTE da un incremento del 178%.
Esa diferencia altera los cálculos de los retroactivos y los reajustes de los haberes, en especial para los que se jubilaron a partir de mediados de 2003.

miércoles, 12 de diciembre de 2018

INCONSTITUCIONAL - TOTAL COINCIDENCIA -

Días antes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera la validez constitucional de la ley 27.362, que eliminó el beneficio del 2x1 para los condenados por la represión en la década del setenta, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires lanzó un fuerte llamado "a la sensatez republicana" para que el fallo del máximo tribunal no vulnere las garantías consagradas en el Código Penal y en la Constitución Nacional.­
Esta advertencia, como se sabe, no tuvo efecto y la Asociación en un comunicado con respecto al fallo nos dice que este grave hecho ya fue calificado por prestigiosos juristas e incluso por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, todos coincidentes en que estos cuatro votos no sólo se han pasado por lo bajo las leyes, el Código Penal y hasta la misma Constitución Nacional, sino también los principios más básicos y universales del orden jurídico, puesto que sobre ellos se asientan las leyes fundamentales del mundo civilizado. 
La Academia Nacional de Derecho reiteró en su comunicado, fechado el pasado martes, que "el criterio hermenéutico aplicado el 3 de mayo de 2017 por la mayoría de los jueces de la Corte Suprema en la causa `Muiña' se ajustó a una estricta aplicación de la ley conforme a las reglas del Estado de Derecho".­
La declaración, que lleva la firma del presidente de la Academia, el doctor Jorge Vanossi, llama la atención sobre el hecho de que el principio de benignidad incluso "rige en el ámbito de aplicación del Estatuto de Roma (artículo 24.2) que regula la actividad jurisdiccional de la Corte Penal Internacional con competencia para juzgar los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión, sin distinguir el carácter o la gravedad del delito".­
El comunicado de la Academia contiene una fuerte advertencia sobre las consecuencias de convalidar el criterio emanado del Congreso. En efecto, sostiene que "la ley 27.362, sancionada en un clima de precipitación, improvisación y agravios a la independencia del Poder Judicial de la Nación, no tiene carácter aclaratorio de la ley 24.390 y del artículo 2 del Código Penal", sino que "constituye un nuevo ordenamiento que bajo ningún concepto podría aplicarse de modo retroactivo sin vulnerar el artículo 18 de la Constitución Nacional".­
El peligro en que nos encontramos los argentinos es manifiesto, dice la Asociación. Y en cuanto a la independencia y la falta de autoridad, perdidas por los jueces desde el golpe institucional con el que Kirchner se deshizo de la Corte establecida, fueron entregadas ahora a una plaza poblada de energúmenos vociferantes.
Por ende, desde el momento que ya no hay derecho en la Argentina, ¿para qué un análisis desde esa perspectiva?
Este fallo mayoritario de la Corte ha venido a confirmar que los llamados ‘juicios de lesa humanidad’, que Lorenzetti encuadró como ‘política de estado’, han sido y son una farsa, la máscara ajada y repelente con que jueces emblemáticos de la prevaricación cubrieron una acción político-ideológica de persecución y venganza.
El Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz, Presidente de la Corte Suprema, es el único que votó en disidencia, sosteniendo los principios inconmovibles del recto orden jurídico y manteniéndose impertérrito frente al griterío y los bombos de la turba y los politicastros que viven de ella.

ver:   https://silviopedropizarro.blogspot.com/2018/12/constitucion-ultrajada.html

martes, 11 de diciembre de 2018

LOS CUADERNOS DE ANSES - 38a. Parte -

Junio de 2018
Primer frente
Hace unos días, la sala I de la Cámara de Seguridad Social, integrada por la camarista Victoria Pérez Tognola y la titular del juzgado 10 del fuero que actuó como subrogante Adriana Lucas, ordenó en el caso “Guarco, Oscar” -a través de una medida cautelar-, que el monto recibido por el programa de Reparación Histórica sea tomado a cuenta del mayor valor.
En los fundamentos, indican que el pago por Reparación Histórica significa que la ANSES reconoce una deuda que “se origina en idéntica causa que la que motivó que el jubilado promoviera el juicio de reajuste de haberes, que concluyera con una sentencia a su favor”.
Y que ese pago se hizo “unilateralmente” sin que el jubilado diera su consentimiento a la propuesta del organismo.
En los hechos, si el caso es confirmado por la Corte Suprema, el mencionado reajuste se convertiría en un pago a cuenta y habilitaría a cientos de miles de jubilados que se acogieron a ese plan a reclamar las diferencias.
En enero, la Cámara Federal de La Plata admitió una medida similar en el caso “Bertrán, María Cristina”.
La resolución de este caso es determinante para más de un millón de personas que se adhirieron al plan de “Reparación Histórica”, que verían abierta las puertas para un eventual reclamo judicial, ya que tomarían los montos obtenidos como “pagos a cuenta”.
Segundo frente
La sala III de la Cámara de la Seguridad Social, en la causa “Fernández Pastor, Miguel c/ ANSES”, declaró inconstitucional el aumento del 5,71% que recibieron los jubilados en marzo de acuerdo a la nueva ley de movilidad. Y ordenó que se aplique la fórmula anterior, que se calculó en el 14,5%.
A fines del año pasado, el Congreso aprobó la Ley 27.426, que cambió la fórmula jubilatoria, la cual pasó a estar conformada en base a un índice que toma el 70% de inflación y 30% de la evolución de los salarios.
El cuestionamiento sobre la retroactividad se originó porque para el primer aumento de la nueva ley se tomó en cuenta solo el cuarto trimestre de 2017.
En cambio, la norma anterior tomaba todo el segundo semestre. Así las cosas, lo que al no considerarse para los cálculos del ajuste los índices de esos tres meses, el aumento terminó siendo menor y perjudicando a los jubilados.
Puesto en cifras, con el primer aumento trimestral dispuesto por la nueva ley, el haber mínimo en marzo de 2018 pasó a ser de 7.660 pesos.
En cambio, si se hubiera aplicado la vieja fórmula, como reclamó Fernández Pastor, la mínima en marzo hubiese alcanzado los $8.303.
Esto significa que, durante el segundo trimestre de este año, los jubilados cobraron, en el acumulado de los tres meses, casi $2.000 pesos menos que con el cálculo anterior.
En caso de confirmarse la inconstitucionalidad, millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales podrán reclamar la diferencia de haberes.
El organismo previsional ya apeló ante el máximo tribunal. Pero si la Corte valida el fallo “Fernández Pastor”, esto implica que la ANSES deberá desembolsar ese 9% de diferencia a favor de 17 millones de beneficiarios, sólo hasta marzo.
Cabe destacar que el cambio de fórmula que pasó a incluir al IPC y a la RIPTE suponía para el Gobierno un ahorro inicial para el fisco de entre 50.000 y 60.000 millones de pesos.
Sin embargo, de acuerdo a las estimaciones privadas, podría evaporarse buena parte de dicho ahorro proyectado si la Corte Suprema finalmente ordena reponer el trimestre “borrado”.
Un detalle que hizo respirar un poco más aliviado al macrismo es que los camaristas declararon constitucional el cambio de la fórmula de movilidad. Sólo que la misma debe aplicarse hacia el futuro y no afectar derechos ya adquiridos.

lunes, 10 de diciembre de 2018

EL 18 DE DICIEMBRE FALLO DE LA CORTE

El 12 de noviembre la Corte Suprema de Justicia anunció que el 18 de diciembre dictará sentencia sobre el caso llevado a su consideración con respecto al índice que debe aplicarse para el reajuste de los haberes jubilatorios, de lo que nos ocupamos el pasado 3 de noviembre
Nos preguntábamos con razonable curiosidad ¿por qué la Corte Suprema de Justicia no decide el caso de los juicios de jubilados que Anses apeló para lograr un nuevo índice de cálculo que significa un recorte del 50%?
El conflicto data de más de un año cuando Anses presentó innumerables recursos, apelaciones y cuanto obstáculo tuvo en mano para que los jueces se avinieran a no recalcular los haberes como lo vienen haciendo usando el índice Isbic, sino el Ripte que el organismo utiliza en perjuicio de los jubilados desde la promulgación de la Ley de Reparación Histórica.
Ya se ha analizado en artículos anteriores la enorme importancia que adquiere un fallo del máximo tribunal que, si da la razón a Anses, iría en contra de sus principios, pues en el caso Elliff la Corte sostuvo que el objetivo de un índice de actualización es mantener una razonable proporción entre los ingresos activos y pasivos, y definió que no parece justo y equitativo sustituir el índice dispuesto por la Justicia por otro que representa una mera secuela de la renuncia de derechos litigiosos. ¿Fallarán en contra de sus propios principios tan bien definidos?
Cada vez se hace más evidente que se trata de imponer en el ámbito de la Justicia Previsional que los fallos judiciales no se ajusten a derecho, sino a las conveniencias de orden económico fijadas por las pautas del Gobierno de la Nación.
Esa es la verdadera pulseada entre los Poderes Ejecutivo y Judicial y que en realidad no se aviene con la amenaza de Anses de que un fallo desfavorable implicaría la quiebra del sistema previsional, dado que en todos los presupuestos de la Nación hay partidas  de importancia previstas para el pago de los juicios desfavorables. 
No sabemos que han hecho los gobiernos con esas enormes reservas, puesto que no han pagado desde hace más 20 años las sentencias favorables a los jubilados litigantes. 
Surge ahora un terrible interrogante ante el fallo reciente del Tribunal Supremo con un reconocimiento explícito de la prevalencia de una ley aclaratoria, sobre los principios de la Constitución Nacional.
¿Adoptará nuevamente en una torcida sentencia la política de Estado a favor de Anses para llenar las raquíticas  arcas fiscales?
Se levanta a la faz de la tierra un nueva y desconcertante Corte Suprema, olvidada de los principios constitucionales que juró acatar, con renovados bríos progresistas que la llevan a publicitar con fechas ya fijadas el anunciado pronunciamiento de sus fallos. Nos recuerda a las liquidaciones de los viejos almacenes con letreros "for sale". También anunció para el día 12 la definición de la vigencia de la ley de lemas.
Entrando de lleno en el asunto que nos ocupa
podemos afirmar que si el más Alto Tribunal resuelve, ante el acoso del Gobierno, aceptar
el pedido de Anses, se envía al patíbulo, sin miramientos, a millones de jubilados como carne de cañón.
Faltan sólo ocho días para una definición de vida o muerte para un núcleo de personas pertenecientes a una lamentable condición humana, los jubilados de mi país. 















viernes, 7 de diciembre de 2018

EL FALLO DE LA CORTE - 4º ARTÍCULO

Volviendo sobre el sorprendente fallo de la Corte, al cual nos hemos referido en anteriores artículos aquí citados:
compartimos ahora un mail recibido de la Dra. Silvia Marcotullio, ex jueza de la Cámara del Crimen de Río Cuarto, Córdoba y autora de "Juicios de Lesa Humanidad" y un valioso comentario de Claudio Kussman, preso político. Director General de la publicación Prisionero en Argentina
El mail recibido de la ex magistrada convalida nuestra opinión y se agrega con la autorización que le hemos solicitado en consideración que una carta personal. Dice:
Estimado amigo:
Lo felicito no solo por la justeza de su texto sino por el temple de poder escribir en "caliente" con tanta propiedad y ecuanimidad.
Al enjundioso voto de Rosenkranz nada hay que agregar, aparte de lo evidente del atropello de la mayoría (aquí no se puede hablar de diferencias doctrinarias en asuntos discutibles) a los principios constitucionales y doctrinarios. Estoy esperando que algún fiscal le inicie una causa por prevaricato a los cuatro vocales autores de este zafarrancho..........
Esto no ha sido por presión del gobierno, más bien es una demostración de que el verdadero poder en la Argentina circula por otros andariveles.......al que -lo ha demostrado sobradamente- el propio gobierno también le teme.
Saludos cordiales. Silvia
En cuanto al artículo escrito por este luchador de los derechos humanos, Kussman en defensa de su justa causa y las de sus compañeros de cautiverio, es un digno alegato contra la discriminación contenida en una ley promulgada a la ligera por razones políticas y que el fallo de la Corte convalida con un fallo inconstitucional. Transcribimos su 2da. parte:
"Hay quienes perciben la convivencia de los muertos entre los vivos, sin saber de su condición de fallecidos. Esto pareciera ocurrir una y otra vez en este mundo paralelo en el cual fuimos encerrados, todos aquellos adultos mayores imputados por los mal llamados delitos de lesa humanidad. Así, con la idea de una pronta libertad, van transcurriendo los años, al tiempo que cada preso se aferra a una solución judicial irreal o una mágica proveniente de terceros.
Pareciera no percibirse la realidad que nos rodea y en la que a pesar de respirar, cumplir con todas las funciones biológicas y relacionarnos con nuestros seres queridos (pocos), objetivamente estamos muertos.
A través de los 4 años que llevo en este mundo paralelo se esperaron soluciones mágicas que vendrían de: el Papa Francisco, el poderoso General César Milani, el presidente MauricioMacri, cuando asumiera, la Diputada Elisa Carrió con sus promesas incumplidas, nuevamente Mauricio Macri luego de las elecciones de medio tiempo.
Finalmente la Corte Supema, a través del mentado 2 X 1 que haría que una gran mayoría diera por terminado el cumplimiento de su condena, pero esta una vez más mostró la verdad de su “política de estado”. Insólitamente, el honorable tribunal se desdijo de su veredicto del mes de mayo pasado y “descubrió” que nosotros no somos merecedores de tal derecho, porque no todos somos iguales ante la ley, como alguien redactó por allí. En consecuencia, ese fallo, está destinado nada más que para asesinos, violadores y otras yerbas, que pertenecen al mundo de los vivos del cual estamos excluidos."
Las aberraciones jurídicas siguen a la orden del día, mientras nosotros, LOS MUERTOS QUE IGNORAMOS ESTARLO, individualmente esperamos resultados positivos a todos los escritos y reclamos que nuestros abogados persistentemente siguen presentando sin éxito. Esto también parecemos ignorarlo, mientras inexorablemente transcurren los años. ¿Ahora, cuál será la próxima fantasiosa expectativa que nos aguarda, surgida de nuestro febril imaginario?
Claudio Kussman
Interno L.U.P 345.349
Servicio Penitenciario Federal

jueves, 6 de diciembre de 2018

LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DEFENDIDA

Es éste el tercer artículo que publico en mi blogspot "Habla la Experiencia", porque las opiniones recogidas de autoridades de la ciencia jurídica y de prestugiosos jueces ya retirados, están provocando un grave presagio de desgobierno, sorpresivamente causado por la Corte Suprema de Justicia en un fallo incorrecto que contraría manifiestamente los principios de la Constitución Nacional.
El hecho de que un acto tan delicado sea realizado por el más Alto Tribunal del país, ocasiona una conmoción en las instituciones democráticas que avisoran un sorprendente derrumbe de los pilares que aseguran la defensa de la sociedad, la Justicia.
Es importante conocer la opinión del doctor Osvaldo Pérez Sammartino, profesor de Derecho Constitucional de las universidades UBA y San Andrés que agrego a las declaraciones del Colegio de Abogados Católicos publicadas en este espacio el día de ayer,
Opinión del Profesor
¿Puede beneficiarse un condenado por un delito de lesa humanidad del cómputo del «2 x 1» de la prisión preventiva? A principios de 2017, en el caso «Bignone», la Corte Suprema, por mayoría (Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco, con las disidencias de Lorenzetti y Maqueda), determinó que sí, porque la ley que fijaba ese modo especial de cómputo no formulaba distinciones. Un antiguo adagio jurídico que cualquier estudiante de Derecho conoce -y que suele citarse en latín, como corresponde al gremio- indica que donde la ley no distingue tampoco debe distinguir el intérprete.
El fallo fue correcto, pero despertó en variados sectores de la sociedad una reacción de repudio. Se sostenía que la Corte favorecía a los «represores» por la aplicación de tecnicismos legales. La fría letra de la ley, pudo haberse dicho, se colocaba por encima del sentimiento de justicia de la enorme mayoría de los argentinos.
Hubo masivas movilizaciones. El Congreso de la Nación se sintió impelido a buscar una «solución política». En pocas horas sancionó una ley, la 27.362, que se califica a sí misma como «interpretación auténtica»del artículo 7° de la ley 24.390 (la que dispuso el «2 x 1») y que establece que ese beneficio no es aplicable a «las conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional». La ley fue votada casi por unanimidad de los presentes tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En aquella sesión, solo manifestó su rechazo el diputado salteño Alfredo Olmedo.
En un nuevo fallo sobre la cuestión, «Batalla, Rufino», dictado el 4 de diciembre de 2018, la mayoría de la Corte se modifica. Lorenzetti y Maqueda mantienen su postura anterior, mientas que Rosatti y Highton de Nolasco consideran que la nueva ley, a la que estiman constitucional, varía la situación anterior, por lo que el cómputo favorable de la prisión preventiva ya no se le puede aplicar a un condenado por delitos de lesa humanidad.
En su muy bien fundada disidencia, Carlos Rosenkrantz plantea que la aceptación social que pueda tener una norma no debe influir en la decisión de los jueces, que deben atenerse al «consenso inter-temporal más profundo documentado en nuestra Constitución Nacional». El tema a resolver, en consecuencia, es si la ley 27.362 (la que «interpretó» una anterior que disponía el «2 x 1» violentaba un principio constitucional básico como el de la irretroactividad de la ley penal más gravosa. Recordemos que este principio, universal en los países en los que rige el Estado de Derecho, determina que la ley penal se aplica a casos futuros, salvo que beneficie al imputado (retroactividad de la ley penal más benigna).
Como lo demuestra Rosenkrantz, la ley del 2 x 1 era clara y no necesitaba ser interpretada. Varios legisladores que intervinieron en el debate de la ley «interpretativa» así lo reconocieron. El diputado Pablo Tonelli, por ejemplo, expresó que la ley 24.390 «nos parece francamente inconveniente» y que por lo tanto debía sancionarse una ley que la interpretara auténticamente: «Nadie más autorizado que el legislador que aprueba la ley, al cabo de un tiempo y a la luz de los resultados que ha producido». Es decir, no era necesario interpretar, sino modificar la ley, aprovechando la experiencia de su aplicación. El diputado José Luis Gioja, por su parte, señaló que, ante la situación planteada, «hoy hemos encontrado una solución desde la política».
Los jueces de la mayoría dedican largos párrafos a sostener que el Congreso puede sancionar leyes interpretativas, lo que nadie discute. El punto a resolver era si la ley sancionada era verdaderamenteintepretativa o innovativa, y si aun en el primer caso podía aplicarse retroactivamente. No hay dudas de que se trata de una ley que modifica a otra cuya redacción es clara, introduciendo una excepción antes no contemplada, por lo que no es interpretativa. Pero, si lo fuera, por tratarse de una ley penal, tampoco se podría aplicar retroactivamente.
No es un caso complejo desde el punto de vista jurídico. Si en lugar de un delito de lesa humanidad fuera un delito común gravísimo, el fallo habría sido unánime en el sentido de que una ley penal no se puede aplicar retroactivamente en perjuicio del imputado. Pero el sello «lesa humanidad» y la reacción social fueron una presión demasiado fuerte para los jueces de la mayoría. Olvidaron que lo único que impone el derecho internacional de los derechos humanos es que los delitos de lesa humanidad sean efectivamente juzgados, no que los imputados en esas causas tengan menores garantías que el resto de los ciudadanos. No se pueden defender los derechos humanos violando los derechos humanos.
La mayoría optó por quedar bien con la plaza; Rosenkrantz cumplió su deber de custodiar la Constitución.