BORRARON LA IDONEIDAD Y LA MORAL

ARTÍCULO 1º.- Dáse por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de marzo de 2020 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la contadora Ana Beatriz PRIOLO (D.N.I. Nº 20.034.418) en el cargo de Coordinadora de Administración Financiera dependiente de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08. Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la contadora PRIOLO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio. A

Priolo fue detenida en agosto de 2016, junto a otros exfuncionarios y 2 empresarios por la compra de insumos para centros de adicciones y hospitales. Según el fiscal Jorge Paolini, el fraude-consistía en la sustracción de medicamentos oncológicos a IOMA -la obra social de la Provincia- a través de documentos apócrifos y -en muchos casos- de la identidad de pacientes muertos. Luego, los remedios eran revendidos, ya que tienen gran valor en el mercado. La causa fue elevada a juicio oral en 2017. Sin embargo, Priolo no se encontraba entre los procesados incluidos en el requerimiento del fiscal.  Priolo, por su parte, quedó involucrada en otra causa en la que el principal imputado es Scioli. Por este caso, el gobernador fue indagado bajo la acusación de haber adjudicado de manera irregular 9 obras públicas por $117 millones para construir Unidades de Pronta Atención (UPA) en la provincia un empresario.  Continúa la competencia de las designaciones y nombramientos del "vamos por todo" Ver: https://silviopedropizarro.blogspot.com/2020/05/dictadura-inculta.html

DICTADURA INCULTA

Hay que reconocerlo, en verdad nos gobierna una dictadura. El solo repaso del Boletín Oficial, lo comprueba, no sólo por los decretos DNU, unipersonales, aunque de notoria influencia cretina, sino por la abigarrada designación de incapaces, prontuariados y delincuentes en la Administración Pública, que venimos señalando desde el mismo 10 de diciembre. Es un cúmulo de errores, horrores e irregularidades de tal magnitud y frecuencia, que supone una intención voluntaria de burla, toda vez que en las mismas designaciones se aclara con toda soltura que no responden a los cánones de idoneidad y demás requisitos exigidos por las leyes.

Ya hemos hecho mención a varias de ellas en anteriores artículos y hoy advertimos ya sin sorpresa 3 nuevas designaciones que rivalizan en la reñida competencia de disparates a cielo abierto.

En efecto, El 10 de diciembre pasado, fue designada en el cargo de Directora de Prensa y Difusión Institucional dentro del Ministerio de Educación de la Nación, a cargo del ministro Nicolas Trotta, a Naudia Laura Serra, pero su nombramiento fue publicado recién este 4 de mayo en el Boletín Oficial. Les encanta el carácter retroactivo de los nombramientos.

Cabe agregar que la funcionaria es la coordinadora de la consultora AR y Asociados, firma que presta servicios de marketing en el orden político y tuvo activa participación en campañas electorales de candidatos y funcionarios kirchneristas.

Aquí viene un segundo caso que presenta más aristas. El Gobierno nacional designó a Susana Cristina Underwood una médica veterinaria en la Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios de la Agencia Nacional de Discapacidad mediante el decreto 423/2020 que tiene fecha del 30 de abril pero que se publicó el 1º de mayo, aunque a la elegida para el cargo se la considera designada desde el 6 de febrero. En el mismo decreto admite que la misma ni siquiera cumple con los “requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial”. Aún así, fue designada por 180 días. Comenzó a trabajar en febrero pasado.
Acabamos de informarnos por Tribuna Periodística que el 2 de marzo fue designado como coordinador de subastas y concesiones de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, bajo la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Dr. FernandoAdolfo Cano, y su nombramiento recién se publica este 5 de mayo.
Se trata de un personaje que mientras se encontraba ejerciendo el cargo de subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires fue denunciado por estafas y falsificación de documentos. 
En algunos canales televisivos se mencionó que un prolijo y desmenuzado estudio de los nombramientos que efectuara este Gobierno fue realizado por la abogada Silvina Martínez, a la cual rogamos hacernos conocer dicho trabajo.

YO ACUSO AL GOBIERNO

Yo acuso al Gobierno de la República Argentina de Genocidio.
Comienzo por decir que a finales de 1946 la Asamblea General de la ONU, recién creada, aprobó la resolución 96 en la que el término genocidio aparece por primera vez en un documento internacional. La resolución lo definió como «una denegación del derecho a la vida de los grupos humanos».

Otra definición es la siguiente: Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.
Los fundamentos y los argumentos son lapidarios. El Gobierno por medio de la Anses y del Pami va destruyendo la vida de los jubilados, la mayoría ancianos, en forma sistemática y progresiva llevándolos a la muerte. 

El maltrato, el  agravio y la injusticia al no respetarse las sentencias judiciales, son hechos que influyen en la salud.

Cuando el Estado dice que no tiene recursos para ajustar jubilaciones, muestra su indolencia y es una violación a los derechos fundamentales de la tercera edad.

Cuando se les arrebata de la caja de jubilaciones centenares de miles de millones de pesos para gastos del gobierno y se advierte que se consumen las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad con el riesgo de paralizar los pagos de los haberes. Cuando por un decreto de emergencia se les congelan los aumentos que les corresponden legalmente, aduciendo razones de solidaridad.

Cuando advierten que de su caja, se financian subvenciones a más de siete millones de no tributistas, para el IFE que debían ser afrontadas por el Tesoro.

Cuando aparte de la carencia de una buena alimentación y de medicamentos cada vez más necesarios  y más caros, los invade el desconsuelo, entonces comienzan a entender que la promesa electoral de un aumento del 20% fue una falsa y calculada política para la obtención de votos, una de las tantas mentiras de un relato populista que nos lleva al abismo.

El Gobierno está cometiendo un delito que sí es de lesa humanidad, el genocidio que encaja típicamente en su definición jurídica. 

Tengo pleno conocimiento que una acusación ante los tribunales de nuestro país, sería rechazada de plano. Las causas judiciales contra el Estado son rechazadas. Además, ¿cómo puedo probar la multimillonaria defraudación a los fondos de Anses, cuando jamás se realizaron auditorías e investigaciones a este organismo, que sigue gozando de una impunidad insólita? ¿Cómo explico los motivos de mi preocupación por la reciente entrega de Anses a las fauces del movimiento oficialista La Cámpora? 

¿De qué manera puedo presentar una acusación con pruebas de la muerte de miles de jubilados, por las causas que acabo de detallar?. Sería necesario contar con una estadística jamás llevada a cabo, pues la tercera y cuarta edad no reúnen la importancia que tienen las vacas, los chanchos y los pollos para figurar en una encuesta.

Si la Corte Suprema de Justicia no tuvo el valor de hacer cumplir sus sentencias, reiteradas veces ignoradas por la Anses, que falsea, impugna, obstruye, apela, demora y nunca paga, ¿Qué resultado tendría mi acusación?

Habría una lejana posibilidad de alegar “eutanasia,” que es muerte inducida, en vez de “genocidio”. Pero no resistiría el menor análisis ya que eutanasia es muerte piadosa, una virtud que el Gobierno no posee, mientras el genocidio es muerte provocada, pero perversa, una verdadera cualidad gubernamental.
Al acusar al Gobierno acuso también a la sociedad, a los políticos y al periodismo, ya que con su silencio son cómplices de este genocidio.

LA VALENTÍA DE EXPONER UN MIEDO

Comparto la preocupación de Malú y los argumentos que expone en su artículo, veraz y valiente, a pesar de su miedo razonable. No puedo menos que difundirlo

Malú Kikuchi  (3/5/2020)

Estoy preocupada, más que preocupada, asustada. Asustada por vivir en un país que no está a la deriva, estoy, estamos en un país cuyos gobernantes saben muy bien hacia donde quieren llevarnos y ese objetivo no es el que votó el casi 45% de los ciudadanos. Probablemente tampoco lo votó más de la mitad de los que votaron la fórmula ganadora. Las mayorías argentinas no quieren ser Venezuela, ni responden al Grupo de Puebla (organismo que representa intelectualmente al Foro de San Pablo y maneja el chileno Marco Antonio Enriquez-Ominami, quien se encuentra a la izquierda de Karl Marx). Los argentinos no queremos eso.

Me preocupa, me asusta que entre lo que dice y hace el gobierno existen años luz de distancia. Con 3 ejemplos, los 3 de la semana pasada, bastan para ilustrar el miedo.

El vice presidente del ENACOM (Entete Nacional de Comunicaciones), Gustavo López, en una entrevista otorgada a la Televisión Pública dijo  que "los jueces deberían cerrar los portales que generan alarma social con noticias falsas sobre la pandemia". Ante la reacción generalizada de entes que apoyan la libertad de prensa, el presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini salió a desmentir a su vice presidente. El mismo López se apresuró a decir que no había dicho lo que sí había dicho.

El sistema es conocido. Se larga una idea difícil de aceptar  y se lo hace a partir de una 2ª línea de conducción, si pasa sin demasiado ruido, el objetivo se hace realidad. De no ser así, se da marcha atrás, se desmiente y...se espera una oportunidad más propicia para "esta vez vamos por todo". En ese todo entra la libertad de expresión.

Con el maldito tema de la pandemia se ha hecho imperativo liberar y o enviar presos a domiciliaria. Los lugares cerrados y muy concurridos son caldos de cultivo para cualquier enfermedad contagiosa y el covid-19 lo es y mucho. Pero en vez de liberar o mandar a sus casas  (en prisión custodiada, ¿cómo y por quiénes? no se sabe) a presidiarios de delitos menores o a punto de cumplir condena, sin tener en cuenta los requisitos indispensables para tomar esta resolución, se soltó a personas inviables. Abusadores sexuales, violadores, quizás hasta homicidas.  Un fenomenal cacerolazo que se escuchó en todo el país hizo reaccionar al poder ejecutivo.

La prestigiosa ministra de Justicia (compañera de estudios de Alberto F.), Marcela Losardo, por todos los medios radiales y televisión que la solicitaron aclaró que la división de poderes es absoluta, que el poder judicial es el responsable del atropello, que el ejecutivo no tiene nada que ver. Dijo, "el ejecutivo no detiene ni excarcela". Pero todos sabemos que   el poder judicial es sensible a los deseos del ejecutivo. También dijo: "nadie puede estar de acuerdo con que los violadores y los homicidas  estén en la calle". Nadie está de acuerdo, pero hay 56 violadores sueltos en la provincia de Buenos Aires.

El presidente echó a Vanoli de ANSES, lo merecía. Lo reemplazó por María Fernanda Raverta (Cámpora y fiel a CFK). ANSES maneja hoy $2.000 BILLONES, el equivalente al 38% del presupuesto nacional. ANSES tiene una representación en cada ciudad pequeña, mediana y grande de la Argentina. ANSES tiene un representante de la Cámpora al frente de cada una de sus sucursales. O sea que todas las jubilaciones, las AUH, los subsidios existentes y por existir, están en manos de la Cámpora. Todo el dinero, toda la ayuda social, todo el poder... en manos de Cristina.

Alberto Fernández es el que debería tener el poder. El poder ejecutivo es unipersonal de acuerdo al artículo 88 de la CN (y tiene todas las atribuciones del artículo 99 con sus 20 incisos). Se sabe que Alberto F. es experto en derecho penal, pero la Constitución debe conocerla. La pregunta es, ¿comparte la ideología de Cristina o no se anima a enfrentarla? Cualquiera fuere la respuesta, el miedo está justificado.

CARTÓN LLENO, CRISTINA

En medio de la pandemia de coronavirus y con el sector privado prácticamente paralizado, Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Senado y Sergio Massa como presidente de Diputados, acordaron un plus para quienes trabajan en el Congreso durante el aislamiento.

El período establecido para la suma, será desde el 20 de marzo pasado al próximo 10 de mayo, ambos días inclusive, pudiendo ser prorrogado, según consta en el tercer artículo del proyecto. 

En el caso de que un trabajador haya asistido al Congreso los 25 días hábiles desde el 20 de marzo a la fecha, estará percibiendo un plus de $57.500. A eso, se le sumarán otros $11.500, lo cual daría un total de $69.000. Total News

¿Y los servidores del pueblo, médicos. enfermeros, seguridad y otros que trabajan durante la cuarentena pegados a los enfermos arriesgando sus propias vidas? ¿Y los choferes y maquinistas de servicios públicos de transporte, electricidad y gas? ¿Y la gente que trabaja?

Inaceptable discriminación y privilegios monárquicos de un gobierno formado por ignorantes, ineptos, petulantes, corruptos, terroristas, comunistas, piqueteros y presidiarios.

Estas resoluciones irregulares que llevan el vulgar tinte populista muy apropiado de la persona que los elabora en soledad, la vice presidente Cristina Fernández de Kirchner, son lanzados de repente con el sello indeleble: "vamos por todo".

La susodicha ya domina el Poder Ejecutivo con su manso y obediente socio sobornado por el pacto secreto, al Legislativo , sobornos de orden variado de por medio, y al Judicial con la bien premeditada suelta de presos peligrosos con jaque al rey. 
Con admirable sagacidad se hizo cargo por medio de sus abyectos militantes de la caja más poderosa del país que ahora manejan "a discreción" dos camporistas por ella designados.

Cartón lleno, diría mi abuela.

CACEROLAZO - DIFUNDA YA -

¿SOLTAR A LOS PRESOS?
SE DESAJUSTARON LOS TORNILLOS
EL MUNDO SE PARÓ  
EL MUDO GRITÓ Y EL SORDO LO ESCUCHÓ
EL ESPÍRITU ME PELLIZCÓ Y EL ALMA ME DOLIÓ
LA CÁRCEL SE ABRIÓ Y EL PRESO SALIÓ
EL LOCO DISCURSEÓ Y EL CUERDO LO ENTENDIÓ

GRAN CACEROLAZO NACIONAL

Jueves 30 de abril - 20:00 horas

Para decirle al Gobierno que no queremos que se libere a los presos, que no ha hecho esto ningún país del mundo.

Estamos hartos de la falta de seguridad y de la complicidad de funcionarios y jueces con el delito, y queremos que se proteja y se privilegie a las víctimas y no a los asesinos, violadores, narcotraficantes y corruptos de toda laya.

Y que, tarde o temprano, quienes hayan emprendido esta campaña para permitir el armado de un nuevo "Vatayón Militante", formado por sicarios al mejor estilo de las milicias paramilitares chavistas, deberán responder por ello.

No olvidemos preguntar a #NiUnaMás por qué guarda silencio ante la liberación de un abusador de menores autorizado a vivir al lado de la niña.

¿Qué será de los policías y gendarmes, de los fiscales y jueces que los encerraron y condenaron y de las familias de todos ellos, que serán amenazadas ahora por los delincuentes nuevamente en libertad?

Ya hay más de 2800 excarcelados y el Estado no puede controlarlos conducta porque carece de tobilleras electrónicas y de personal para afectar a su vigilancia.
Enriaue Guillermo Avogadro

TRÁGICO DEJÀ VU

Cuando se está llevando a cabo una  liberación de presos que nos recuerda a la estrepitosa apertura de cárceles ordenada por gobierno camporista, recordamos hoy el asesinato del juez Jorge Vicente Quiroga por una descarga de ametralladora de 14 balazos. Fue ejecutado por un terrorista del Erp el 28 de Abril de 1974, como cruel venganza por sus valientes fallos que condenaron las actividades subversivas entre los años 1971 y 1973.
La ola de asesinatos, secuestros y atentados contra jueces, policías, militares, ejecutivos y profesores cubrió todos los rincones del país.
El jefe de la Policía Federal, General Alberto Villar, que más tarde iba a ser asesinado por Montoneros, había advertido a miembros de la Cámara Federal "ustedes  están todos condenados a muerte y no le podemos garantizar la vida", lo que originó el refugio en el exterior de más de diez jueces.
El gobierno camporista también arremetió contra todos los miembros de la Cámara Federal Penal disponiendo cesantías y traslados que causaron estragos en la Justicia.
A partir de ese trágico descalabro, ningún magistrado se atrevió a dictar resoluciones contra la acción de las organizaciones subversivas, que aprovecharon libremente la situación para la comisión de delitos  a mansalva, con armas, incendios, bombas y explosiones que asolaron el país durante años.
En homenaje al héroe que hoy recordamos con unción, los miembros de la Justicia colocaron tiempo después una placa de bronce, en su memoria, en el Palacio de Tribunales, que militantes del gobierno kirchnerista arrancaron posteriormente.
El panorama que estamos viviendo en la actualidad, con la vuelta del kirchnerismo al poder, es un DEJÀ VU del havoc que nos muestran los archivos que no mienten.