Esto lo decíamos el 29 de mayo en nuestro artículo "Lamentable postulación" y hoy nos encontramos con la noticia de que en la OEA impugnaron su designación.
En las horas previas a la votación, la OEA organizó espacios con asociaciones de la sociedad civil, en cuatro áreas. Una de ellas era la de derechos humanos. Las ONGs convocadas debaten propuestas y elaboran un documento final, presentado y leído ante el Secretario General y los embajadores de todos los países que integran el organismo interamericano.
El documento leído este domingo solicita, entre otras cosas, que los miembros de la Corte Interamericana "posean la más alta autoridad moral y reconocida competencia en el campo de los derechos humanos, y que se repudie expresamente la candidatura de Eugenio Zaffaroni por no cumplir con dichos requisitos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos".
Entre los embajadores presentes estaba Nilda Garré, representante argentina ante la OEA.
El que los cuestionamientos a Zaffaroni hayan llegado al recinto de la OEA es mérito de la sociedad civil estrictamente, dado que el oficialismo ha promovido esta candidatura ante la mayor indiferencia del resto de las fuerzas políticas.
Diana Cohen Agrest, miembro del "Foro Usina de Justicia", organización dedicada a la promoción de políticas públicas contra la impunidad, se refirió al documento que repudia expresamente la candidatura de Eugenio Zaffaroni, en estos términos:
"El documento se ajusta a determinados criterios de evaluación de los candidatos. ¿Cuáles fueron las apreciaciones de este panel de expertos sobre el candidato argentino? Respecto del criterio de la "Autoridad moral", y sobre Eugenio Zaffaroni, el panel declara que "ha recibido el título de Doctor Honoris Causa en más de 30 universidades de la región y de Europa. (...) Más del 80 por ciento de los estudiantes de derecho de la Universidad de Buenos Aires votó a [su] favor".
Es extraño que en la evaluación de la autoridad moral, se destaquen los premios académicos y una votación estudiantil, mientras se omite que el juez juró por los estatutos de dos dictaduras, tuvo fallos reñidos con los derechos humanos y alquilaba doce apartamentos de su propiedad para el ejercicio de la prostitución. Sorprende, entonces, que el panel concluya sin más: "Todo esto da fe del respeto que ha ganado Zaffaroni a nivel internacional y nacional, y muestra su alto carácter moral". El Panel no probó —ni puede hacerlo— que Zaffaroni goce de una reputación moralmente intachable.
En los "Requisitos para la oficina judicial" se incurre en una falsedad cuando se sostiene que "reúne las condiciones para ejercer las funciones judiciales superiores bajo la ley de la Argentina", puesto que el art. 4 del Estatuto estipula que el candidato debe cumplir las mismas condiciones exigidas por la Ley del Estado que lo postula. Y a Zaffaroni se lo impide su edad: según la ley argentina, un juez debe abandonar su cargo al cumplir 75 años.
A juicio del panel, "nada en su historial muestra que el juez Zaffaroni no ha sido independiente o imparcial en sus acciones". Incurriendo en una nueva falsedad, el panel omite tres cargos políticos partidarios relevantes: fue Constituyente, Legislador e Interventor. Y su incondicional sumisión al oficialismo condujo a que sólo estuviera presente en las votaciones de la Corte cuando su alineamiento con el gobierno lo requería.
¿Por qué se ocultan los antecedentes extra académicos del candidato? ¿A qué intereses locales beneficia? Los gobiernos nacionales intentan socavar el poder de la Corte Interamericana enviando candidatos adictos que someterán a la Corte a los gobiernos que se están perpetuando en el poder en Latinoamérica, invalidando los propios principios del organismo."
El último párrafo, extraído de la presentación de la doctora Cohen Agrest, delata los intereses de los gobiernos bolivarianos para perpetuarse en el poder, haciendo uso de los organismos latinoamericanos, tal como lo hemos venido señalando en las participaciones del Mercosur y del Unasur donde buscan sin disimulo atornillarse en sus sillones.
Ninguna duda cabe de que la propuesta de la Presidente tiene por finalidad asegurarse con jueces mercenarios su impunidad para el caso, nada improbable. de una acusación ante la justicia interamericana. Es el mismo procedimiento que utiliza en su país para asegurarse la complicidad de la justicia argentina.
