La
incontinencia desequilibrada de la Presidente para allanar su camino del "vamos
por todo" que busca ejercer hasta en los días finales de su mandato quedó
manifestada plenamente al disponer en su reciente decreto DNU la inmediata restitución a todas las
provincias del 15% de la coparticipación federal que se les retenía para
financiar a la Anses, cuando a
breves horas, el fallo de la Corte Suprema de Justicia lo ordenaba para sólo
tres provincias.
Esta explícita adhesión a la doctrina y fallo de la Corte difiere por completo de la conducta que ha observado el Poder Ejecutivo en su
persistente ataque a la justicia y su desobediencia a los fallos de la misma,
que llegó al incumplimiento de la
sentencia de la Corte Suprema para reponer en su mandato al Procurador General
Eduardo Emilio Sosa.
¿Porqué no adoptó el mismo procedimiento cuando la Corte sentenció favorablemente el juicio para que se
le reajustaran los haberes jubilatorios al 82% en el caso Badaro? Podía haber emitido un DNU ampliando el
efecto a todos los jubilados. Por el contrario, tres años después, es decir
en 2010,cuando el Congreso Nacional
dictó por resolución unánime la ley que le otorgaba el 82% móvil a los
jubilados, la vetó.
Pareciera que la Presidente hubiera perdido la noción de que existen
registros públicos y periodísticos de
los hechos administrativos que ponen en evidencia comportamientos contradictorios
que obedecen a estados de ánimos cambiantes por ansias de venganza y abuso, propios de un
desequilibrio mental.
Se aprecia
una disminución notable de sus facultades que se van acentuando a medida que
se aproxima la fecha de la terminación de su mandato, lo que pone en peligro
las instituciones del país.
La creación de nuevos organismos y oficinas de
gobierno, la acreditación de más de 300
registros telefónicos oficiales, el nombramiento de miles de empleados
administrativos, la designación de 16 embajadores en tan sólo 40 días y su insólito proceder en los protocolares
actos de la transmisión del mando´son hechos que en términos coloquiales
diríamos, una locura, pero que en términos formales debemos considerar como
inaceptables.
Sólo falta
una declaración de guerra a los países imperialistas que la acosan a ella y a
Maduro. No descartable, en un lapso de apenas cuatro días.
Y si se produce? ¿Que dirán los indiferentes e irresponsables congresistas, magistrados, políticos y periodistas espectadores de una muy posible e imprevista hecatombe?. La culpa la tiene el otro.
