A pedido de los organismos volvió a reunirse
después de más de un año la Comisión Interpoderes para analizar la situación de
los juicios a represores. Con la presencia de Lorenzetti y Rosatti, junto a
legisladores, jueces y miembros del Ejecutivo, se asumió el compromiso de
garantizar el avance de esos procesos.
La pacificación, la Justicia y los
derechos humanos quedaron en vanas promesas electorales que ganaron muchos
votos y perdieron muchas esperanzas. Ya habíamos advertido en su tiempo que la
Corte Suprema de Justicia había creado la Comisión Interpoderes, en 2008, con
la función de acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad y que en esa
oportunidad su presidente había expresado que dichos juicios eran cuestión de
Estado. Ahora, en pleno ejercicio de un gobierno que asumíamos democrático
republicano, a ocho años de esa declaración, vemos continuar la política del
teatro de juicios ilegales, con el agravante de que se impulsa su reactivación
por medio de una Procuraduría de Lesa Humanidad que informa de un colapso en el
avance de los procesos en trámite, una disminución significativa de las causas
que llegan a la etapa del juicio oral y una importante dilación en la
confirmación de sentencias.
El gobierno se convierte en acusador, verdugo y
juez vengativo abandonando su misión de llegar a la paz de los argentinos.
Acelera la persecución y la división de sus habitantes exigiendo prontas
sentencias de condena ya preparadas y redactadas antes de la iniciación de los
mal llamados juicios. El presidente de la Corte asume su carácter de regisseur
en la obra teatral pergeñada por el secretario de Derechos Humanos Claudio
Avruj que actuó en representación del Poder Ejecutivo con numerosos miembros de
su equipo.
En realidad no sabemos quién gobierna el país, si los funcionarios
elegidos por el voto de los ciudadanos o los organismos que solicitaron el
encuentro bajo el provechoso título de derechos humanos. Hay otras
organizaciones legales y de reconocido prestigio que abogan por la vigencia del
derecho basado en la Constitución y las leyes y así lo hacen saber públicamente
al gobierno. En los últimos meses han logrado la franca adhesión de la
ciudadanía y hacen oír sus voces exigiendo un cambio en la justicia que asegure
la separación de la política, en especial con referencia a los miembros de la
Justicia Legítima que fueron y continúan siendo militantes del partido ex
gobernante.
La división es terminante, o sigue reinando el populismo, aparente
continuismo del gobierno, o se procede al verdadero cambio impulsado desde
estas organizaciones con un respeto total de los derechos humanos para todos
los sectores y no para uno solo, favorito oficial como hasta el presente.
