El juicio por delitos de lesa humanidad denominado "Megacausa III", donde se juzgaba a militares, policías y a dos ex jueces por su participación en la última dictadura militar en Santiago del Estero, fue suspendido por la Cámara Nacional de Casación Penal, luego de los planteos realizados por los defensores de varios acusados. Citaremos en especial al abogado Facundo Maggio por su idoneidad y perseverancia en la defensa de los derechos humanos de los ilegalmente procesados
El proceso que empezara el pasado 22
de agosto en el Juzgado Federal de Santiago del Estero fue interrumpido hoy por
el Tribunal de Casación, dando lugar a distintos planteos esgrimidos, siendo
uno de ellos la participación de los integrantes del TOF (Tribunal Oral
Federal) en la organización terrorista ERP (Ejército Revolucionario del
Pueblo).
Dicho tribunal está compuesto por
María Alicia Noli, tucumana y reconocida ex militante del ERP con el nombre de
"Liliana", José María Pérez Villalobo, cordobés y también ex miembro
del ERP y Juan Ramos Padilla, porteño y que fuera querellante por la APDH en
otros juicios de lesa humanidad.
Recordamos que buena parte de la
justicia se prestó por espurios intereses al circo de los juicios llevados a
cabo con profusa difusión en abierta violación a la Constitución y al Derecho
Penal, con el solo objetivo, ordenado por el Ejecutivo de “condenar” a más de
2.000 militares que fueron desfilando por tribunales formados como “comisiones
especiales” propias del nazismo. Era el tiempo de la venganza.
Los numerosos reclamos y
presentaciones judiciales de organismos de derechos humanos y de juristas y
familiares de los presos políticos fueron desoídos, a pesar de que muchos
provenían de organismos internacionales. Era algo que se esperaba pues el país
se hallaba bajo el imperio de una falsa democracia que durante doce años azotó
todas las instituciones con el lema que se hizo público del “vamos por todo”.
Con el advenimiento de un nuevo
gobierno surgido de limpias elecciones sopló un aire vivificante que llenó de esperanzas
a un pueblo aletargado por la anomia y la corrupción sufrida del avasallante
régimen populista.
Las promesas electorales se fueron
cumpliendo paulatinamente no obstante la herencia catastrófica con que se
encontraron las nuevas autoridades, pero fallaron en el orden de la justicia en
forma inexplicable y llamativa, por la gravedad que significó la continuación
de la Justicia Legítima y de los numerosos jueces y fiscales que a ella
respondían.
La suspensión del juicio de
"Megacausa III" es de suma importancia ya que se ha producido a más
de ocho meses en que asumió el gobierno y a pesar de las declaraciones del
secretario de Derechos Humanos: “La política de memoria y justicia sigue siendo
una política de Estado, Somos parte querellante en 225 causas de lesa
humanidad. Tenemos muy clara la agenda de derechos humanos porque, como dijo el
Presidente los juicios por lesa humanidad son prioritarios.”
Esta política de Estado alegada por
el secretario constituye en realidad una persecución que se caracteriza con el
tratamiento inhumano a los ancianos y enfermos presos políticos, a los que se
les niega permanentemente el derecho a la prisión domiciliaria.
Hay una cuña adentrada en las
instituciones gubernamentales muy arraigada en el Poder Ejecutivo: Ministerio
de justicia y secretaría de Derecho Humanos y en el Poder Judicial.
El Presidente de la Corte tuvo
conocimiento de las irregularidades y prevaricatos ocurridos en el seno de su
ámbito y las consintió por causas que no son del caso señalar y sigue teniendo
conocimiento de que continúan sucediendo durante el nuevo período
gubernamental. A los días iniciales del mismo, declaró en un acto público en
presencia del Presidente que los juicios de lesa humanidad eran política de
Estado, que no sólo continuarían, sino que serían acrecentados. Acaba de
afirmar durante la realización del Foro de Inversiones y Negocios que la
Argentina tiene seguridad jurídica, en circunstancias que la continuación de
los juicios de lesa humanidad continúan al ritmo impuesto por Justicia
Legítima.
Si se analizaran las recusaciones y
solicitudes de legal procedencia por la nulidad de los juicios anteriores, se
hallaría una gran mayoría de casos similares al actual.
Hay inquietud en el gobierno por la
demora en la substanciación de los juicios por corrupción que abundan en
grandes cantidades y en importancia y que involucran a la mayoría de ex
funcionarios, incluida la ex presidente, y por ello dispuso la realización de
auditorías.
Si el plenario del Consejo de la
Magistratura aprobó por unanimidad la realización de auditorías en juzgados y
tribunales federales con competencia en materia penal de todo el país para
analizar el desempeño de cada una de las investigaciones de casos de
corrupción, no habría inconveniente en ampliarla a todos los juicios penales
relativos a los delitos de lesa humanidad. Dicha revisión contaría con la
opinión favorable de muchos jueces y fiscales que por sus antecedentes de
probidad y dignidad en el desempeño de sus funciones, prestarían un apoyo
inapreciable a la formación de un nuevo estado de derecho respetable y
confiable.
Este deseable saneamiento del Poder
Judicial traería como consecuencia una serie de juicios políticos de los cuales
no podría estar excluido el Presidente de la Corte, pero que contarían con la
garantía de imparcialidad y respeto a los derechos humanos que establece la
Constitución Nacional y las leyes penales de ella derivadas..
El problema emergente de la nulidad
del juicio de la megacausa es muy crítico, debido a que las pruebas invocadas
fueron tan claras y determinantes que pusieron en evidencia la impunidad del
tribunal al proceder sin el más mínimo cuidado en mostrar su parcialidad. Es
importante pues queda claro que hay una confabulación en el Poder Judicial que
garantiza la ilegalidad de los procedimientos.
Más que nunca las autoridades
nacionales deben investigar las redes que manejan estas irregularidades que han
quedado al descubierto. Hay que averiguar quién designa a los jueces que
conforman el tribunal, cuando se conocen sus antecedentes que los inhabilitan
para integrarlo. Las ilegalidades también consisten en el incumplimiento de las
disposiciones del Código de Procedimiento Penal que no se controlan y que son
continuamente observadas por los abogados defensores con resultado negativo.
Antes de que se le venga el techo
encima, el Presidente debe actuar con firmeza y abandonar su política errática
en la materia, desprenderse de funcionarios comprometidos y poner en práctica
las promesas electorales.
