La presidente de la fundación CELTYV que lucha por
la reivindicación y justicia de las víctimas del terrorismo, Victoria
Villarruel, participó del programa televisivo “Intratables” del canal
América. Su disertación se desarrolló
con ponderada calma y una elogiable solvencia, en presencia de un grupo de
periodistas y políticos que la enfrentaron con torcidos argumentos que, en su
mayor parte, estaban fuera del debate.
Entre los citados podemos mencionar al ex juez Ricardo
Gil Lavedra, al político radical Federico Storani del Movimiento Renovación y
Cambio, dirigido por Raúl Alfonsín, Ministro del Interior designado por el
presidente de la Rua donde se vió envuelto con otros ministros en el recordado
pago de sobornos en el Senado, Aldo Pignanelli, peronista que fuera presidente
del Banco Central durante el gobierno de Kirchner, y varios más que no viene al
caso citar.
El debate perdió su calidad de tal ya que consistió
en un ataque sistemático a la dictadura, a los militares, a miembros del actual
gobierno, en especial a Gómez Centurión, todos culpables de la situación de las
víctimas del terrorismo, tema al que Victoria Villarruel dedicó toda su
exposicón con cifras, argumentos que llevaban el propósito de la fundación que
preside. No se movió n i un ápice de la misión que cumple, destinada solamente
a proporcionar justicia a las víctimas y familiares de los actos terroristas
realizados desde 1969 a 1976, con precisa exposición de detalles y estadísticas
proporcionadas sin ayuda de anotaciones.
Pignanelli la interrumpía groseramente con gestos y
gritos destemplados que más de una vez obligó la intervención del moderador.
Las anécdotas que narraba sobre entrevistas con un coronel, nada tenían que con
el tema que se trataba.
La importancia radicó en las refutaciones, amables
y educadas de Gil Lavedra, en su carácter varias veces mencionado de haber
conformado y presidido el tribunal que en 1985 condenó a los militares en el
denominado Juicio a las Juntas, ya que no guardaban relación con el debate.
Cuando la exponente criticaba que en 33 años de
democracia no se habían enjuiciado a los criminales terroristas, culpables de
asesinatos, secuestros y bombardeos, su respuesta fue que tenía razón, eran
merecedores de juicios, pero los responsables de esa situación fueron los militares
de la dictadura. Cuando uno de los
presentes le señaló que dado el tiempo transcurrido esos delitos estaban
prescriptos, de inmediato Victoria lo rebatió destacando que los juicios de
lesa humanidad que se llevan a cabo se declararon imprescriptibles y que los
cometidos por los terroristas también lo eran. Nuevamente tuvo la desubicada
respuesta de Gil Lavedra de que los delitos de los terroristas no eran de lesa
humanidad, ya que solamente podían calificarse de esa manera al terrorismo de
Estado. Victoria refutó ese falso argumento y le dijo que la Convención de
Ginebra no diferenciaba la participación militar de la popular y que bandas
civiles armadas eran pasibles de cometer delitos de lesa humanidad.
Otra desafortunada intervención del que una vez
también se desempeñó como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue
cuando intespectivamente y en tono más severo expresó que los militares fueron
los culpables de la acción del terrorismo y que luego al obedecer el mandato
del Poder Ejectivo tomaron al pie de la letra el término “aniquilar” al enemigo
y así lo hicieron con métodos salvajes jamás vistos, que no hubo guerra con los
jóvenes idealistas sino una horrible y despiadada aniquilación.
No se hace
necesario explicar que todas estas reacciones eran ajenas a la discusión y
cambio de opiniones que suponía esta entrevista. Lo único que solicitaba la
exponente era que se escuchara el pedido de justicia para las víctimas del terrorismo
pues la sociedad, las instituciones y el gobierno se habían cerrado a esta
humanitaria demanda. Aclaró que fue recibida luego de insistentes pedidos por
el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, pero nunca recibió respuesta.
Las
descargas de batería que recibió Gómez Centurión por parte de los periodistas y
políticos allí presentes era una demostración bien clara de que nunca iban a
escucharla; sus pensamientos estaban en otros menesteres.
El “brainwashing” del relato cristinista ha calado
muy hondo en la sociedad, luego de doce años de empecinada perseverancia en la
mentira y en la revisión histórica. En cuanto al comportamiento de Gil Lavedra
no resulta tan sorpresivo por cuanto se
ha constituido en el gran ejecutor de las penas de prisión perpetua a los
miembros de las Juntas Militares, el salvador y rector de una democracia restaurada
por elfonsín. Un escrito rescatado de sus numerosos comentarios políticos
es muy oportuno en estas circunstancias.
“El Terrorismo de Estado en Argentina en las
décadas de 1970 y 1980 fue un período de terrorismo de Estado llevado a cabo en
el país que culminó con la última dictadura cívico-militar autodenominada “Proceso
de Reorganización Nacional”, que gobernó la Argentina entre comienzos de 1976
hasta la restauración de la democracia en 1983. Durante este tiempo el Estado
realizo un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada,
persecuciones, tortura sistematizada, desaparición forzada de personas,
manipulación de la información y demás formas de terrorismo de Estado. Se
estima que durante ese período las fuerzas represoras del gobierno de facto
hicieron desaparecer a aproximadamente 30.000 personas.”
A este panfleto incendiario del doctor Gil Lavedra
podríamos agregar que por un rapto de locura colectiva, los uniformados del
país salieron una mañana temprana del 24 de marzo, a degollar, destrozar,
ahogar, bombardear, aniquilar a todos los habitantes de pueblos y ciudades, con
el sólo propósito de una macabra y sanguinaria diversión,
