Como la Argentina se halla actualmente en el puesto 54 del “Open Data Index”, la meta de Gobierno es llegar al “top ten” en los próximos años y consecuentemente con ello el Presidente decidió concentrar esfuerzos aleccionando a sus ministros para contribuir a la campaña de transparencia.
El ministro de Modernización, Andrés Ibarra , ya firmó con cada uno de
sus colegas una "carta de compromiso". En esos escritos, los
funcionarios firmaron un plan de apertura de información (bautizado PAD), con
un listado de datos que deberán publicar durante 2017.
Uno se pregunta si será necesario tanto embrollo burocrático con “cartas
de compromiso”para algo tan simple como la publicación de los actos de
gobierno.
Sin embargo, ¿sabe el gobierno que ya existen leyes al respecto? , una
de ellas la 2775 del 29/09/16 promovida por el mismo Mauricio Macri el día 6 de
abril que, en un mensaje a la Casa Rosada, comunica el envío al Parlamento de
una Ley de Acceso a la Información Pública´precisamente la sancionada. En el
mensaje sale de su propia boca que esta ley . "Busca garantizar que toda
persona, sin necesidad de explicar por qué y para qué, pueda pedir, buscar,
acceder y difundir los datos, registros y documentos en poder de cualquier
organismo".
Como un antecedente burlesco sobre el particular debemos señalar con
ironía, que el decreto 1172 de 2003 del anterior gobierno establecía que el
derecho de Acceso a la Información Pública es un prerrequisito de la
participación que permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia de
las instancias gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las personas al
darle a éstas la posibilidad de conocer los contenidos de las decisiones que se
toman día a día para ayudar a definir y sustentar lo propósitos para una mejor
comunidad.
Que, asimismo, se han tomado en cuenta las experiencias que efectuara la
OFICINA ANTICORRUPCION del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
al someter a debate público a través del Procedimiento de Elaboración
Participativa de Normas sus anteproyectos legislativos de Acceso a la
Información y de Publicidad de la Gestión de Intereses.
Art. 4º — Apruébase el "Reglamento General del Acceso a la
Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional" que, como Anexo VII
forma parte integrante del presente. Aparentemente este Decreto no pudo
controlar la corrupción como era su propósito.
Volviendo al tema que nos ocupa, es sorprendente que. a pesar de su
experiencia como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Presidente
entienda que para el respeto y cumplimiento de las leyes sea necesario
promulgar otras leyes. Es así que para el debido respeto y orden ciudadano,
emite leyes para que cumplan las que rigen, por ejemplo, los piquetes: que para
que se haga justicia a los jubilados promulga la ley de ostentoso nombre
Reparación Histórica, cuando sólo bastaba cumplir con las sentencias firmes de
los juicios por reajuste de haberes según lo marca la Constitución y leyes
vigentes; que para que los jueces y fiscales cumplan con sus ministerios se
hace necesaria una ley de auditoría a los juzgados federales, con excepción,
claro está, de los comprendidos en los juiciosde lesa humanidad, manejados con
los procedimientos fijados por el anterior gobierno bajo la tutela y
observación de Claudio Avruj, el tutor y defensor de los tupamaros; que para
implantar la transparencia se recurra a un compromiso de ministros de apertura
de información denominado PAD, como hemos mencionado anteriormente. ¿Firmará
este compromiso el ya citado secretario de Derechos Humanos, imbatible en su
pertinacia de negar información a los abogados, políticos, funcionarios,
magistrafos, periodistas y particulares?
En verdad, la transparencia puede mejorar siempre que la cabeza, es
decir el Presidente de la Nación, sea un ejemplo a seguir. En lo que respecta
al autor de esta nota, tiene sus serias dudas, en razón del cúmulo de notas,
escritos y cartas abiertas que nunca tuvieron respuesta. El caso más típico de
absoluta falta de transparencia lo brinda el propio Presidente que ha hecho un
secreto inviolable con respecto a ANSES, único organismo de la administración
pública que no fue intervenido ni auditado, con beneficio para su ex titular
Diego Bossio que goza de impunidad por motivos también secretos
