EL DIPUTADO INQUISIDOR

El diputado nacional del bloque Frente para la Victoria, Rodolfo Tailhade ha desvirtuado su función de legislador, para lo cual fue elegido, al constituirse, desde su banca en un denunciador serial de miembros del gobierno nacional. Militante camporista, genuflexo kirchnerista, contribuyó a la corrupción del régimen autoritario imperante, mediante su acción como director de la Inspección General de Justicia, eludiendo controles sobre empresas vinculadas a Lázaro Báez y Cristina Fernández, lo que dio origen a una denuncia penal de la diputada Margarita Solbizer. Dicho organismo manejado por La Cámpora quedó en la mira por haber “perdido” expedientes en el famoso affaire Ciccone, sobre el cual Tailhade impulsó un “Cepo Informativo” semanas después del estallido del caso.

También fue denunciado por “obstruir” el accionar del fiscal Marijuan en la causa en que pidió la indagatoria de la expresidente Cristina Kirchner por multimillonarias transferencias de dólares al exterior.

Recientemente fue denunciado por el abogado Andrés Rabinovich que lo acusa de delitos de falsa denuncia y estafa procesal, radicada ante el juez Julián Ercolini.

Resulta curioso que las denuncias penales contra el presidente Macri, que veremos más adelante, no hayan sido impugnadas, cuando públicamente, ante el diario Clarín, efectuó declaraciones comprometedoras con respecto a su carácter de legislador al afirmar que deseaba el fracaso de Macri como presidente, agregando :”yo pongo palos en la rueda y quiero que le vaya mal a Macri.”

A continuación damos a conocer una apretada síntesis de las denuncias penales presentadas a la justicia contra miembros del gobierno por el diputado nacional Rodolfo Tailhade, desvirtuando su función legislativa. 
Denuncias:                                                                                                                                                                                                                                                                       -Denuncia penal por el caso Avianca contra el presidente Maurucio Macri, el Ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el Director general de Logística, Carlos Cobas, el titular de ANAC Juan Pedro Ingoin,el Director de Transporte Aèreo, Hernán Gómez.

-Denuncia contra la vicepresidente Gabriela Michetti, para averiguar origen de los fondos que les fueron robados.

-Denuncia contra el presidente Macri, la vicepresidente Michetti, la canciller Susana Macorra, el director del FGS de ANSES, Luis María Blaquier, Asesor del presidente en Inversión Extranjera, Horacio Reyser, director general de Relaciones Internacionales del Senado, José Ortiz Amaya, por la firma de un convenio con Qatar. --Denuncia contra el presidente Macri y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana por los beneficios dados a las empresas Avian y Flybondi.

-Denuncia contra la diputada de GEN Margarita Stolbizer y a su abogada Silvina Martínez que impulsaron las causas Hotesur y Los Sauces de la expresidente Cristina Kirchner por supuesto “tráfico de datos”

-Denuncia contra la Primera Dama Juliana Awada por defraudación contra la administración pública.

Pareciera que la Honorable Cámara de Diputados, en el sector de la oposición, se hubiera transformado en el Tribunal de la Inquisición, con el maestro inquisidor Rodolfo Tailhade a la cabeza, lo que no es aconsejable desestimar, toda vez que los acusadores seriales del momento fueron los sordomudos del anterior gobierno y como afirmáramos al comienzo de esta nota, no cumplen con los preceptos constitucionales de su función, que no es otra que legislar como uno de los tres poderes de la república, el Legislativo. 

Es enorme el deterioro sufrido por el país tras muchos años de decadencia moral, económica y política que ha llegado a trastocar los más elementales principios de la humanidad, incluyendo los derechos humanos.

A pesar de que el interbloque Cambiemos es minoría en un Congreso donde en la Cámara de Diputados conviven 21 bloques, en los primeros meses de gobierno se notó una revalorización del Congreso, que en los anteriores períodos de sesiones era un verdadero apéndice del Poder Ejecutivo, en donde se aprobaban las leyes por simple mandato de los Kirchner, sin discusiones parlamentarias, sin modificaciones y sin que los jefes de gabinete concurrieran a las Cámaras para la rendición de sus actos.

Duró poco, pues la oposición comprendió que el mejoramiento de las instituciones de la República, eran un obstáculo para las intenciones de recuperar el poder. Es así como las funciones de los legisladores opositores fueron dejadas de lado para dedicarse a debilitar al gobierno con ataque frontales, muy alejados por cierto de la gestión legislativa de la promulgación de leyes.

Tan evidente es esta política obstaculizadora que recientemente el diputado de la oposición De Mendiguren, en un programa televisivo,  se permitió bromear al presidente del Senado, Federico Pinedo, manifestándole que en el sector público también hay “curros”, refiriéndose a las que señaló como 54 causas por denuncias contra el actual Presidente y varios funcionarios de Cambiemos. Lo que no aclaró es que fueron motorizadas por los legisladores opositores desde sus mismas bancas, en cumplimiento de las órdenes recibidas según el nuevo plan “sistemático”, término muy usual en los “tribunales” de los juicios de "lesa humanidad".