He
recibido de uno de mis apreciados contactos un artículo de sumo interés y de
actualidad con respecto a la controvertida interpretación de los “derechos
humanos”, que ha tomado un giro parcial y arbitrario desde la apropiación que
hizo de los mismos el fallecido ex presidente Néstor Kirchner como bandera
proselitista política, y que hasta la fecha no supo, no pudo o no quiso
rectificar, pese a la promesa formulada
durante su campaña eleccionaria, nuestro nuevo presidente Ingeniero Mauricio
Macri.
Los ataques directos de
los llamados organismos internacionales de derechos humanos para la libertad de
delincuentes satélites del kirchnerismo populista, las encuestas políticas que
dan resultados sorprendentes de una amplia mayoría a favor de la ex
presidente, (algo inaudito), el silencio inexplicable del periodismo sobre el
restablecimiento de la relaciones con el mundo civilizado que el gobierno está
llevando a cabo, con el apoyo y beneplácito de la diplomacia mundial, todo
contribuye a la necesidad de enfrentar con firmeza estos propósitos marxistas
destinados a destituir a un gobierno democrático elegido por el pueblo en sanas
y legítimas elecciones.
Por tal motivo, me permito
reproducir el citado artículo que merece ser difundido en todas las redes
sociales, ya que, lamentablemente, nuestros instrumentos periodísticos se han
mostrado reacios a publicar verdades.
DOCUMENTOS SECRETOS...
En el marco de la visita de Estado del presidente Mauricio
Macri a Estados Unidos (EE.UU.), y
a su pedido "...el presidente Trump entregó una amplia partida de
documentos desclasificados relacionados con los abusos en materia de derechos
humanos en la Argentina durante la dictadura", reza la crónica
periodística. Es de lamentar que, del mismo modo, el primer mandatario no
haya requerido, también, al Departamento de Estado, la documentación
sobre la guerra revolucionaria, impulsada por la Unión Soviética contra todas
naciones latinoamericanas (salvo México que tenía un pacto con su peón de
brega, Fidel Castro), como patio trasero de EE.UU., pues el 3 de enero de 1966
se celebró en La Habana la Conferencia "Tricontinental" reuniendo a
todos los partidos comunistas de Asia, África y América Latina y grupos
radicalizados conformando las bases para la insurgencia en toda América latina.
Luego, entre el 30 de junio y 10 de agosto de 1967, se realizó en la misma
ciudad la "Primera conferencia de la Organización Latinoamericana de
Solidaridad (OLAS), donde se sentaron las bases para la organización de esas
formaciones subversivas. Las organizaciones subversivas/terroristas
(Montoneros, ERP, FAR...) cometieron entre 1969 y 1979 21.655 atentados
terroristas que dejaron 1.160 víctimas mortales, amén de heridos y mutilados,
cuyas consecuencias seguimos sufriendo.
Es procedente que el jefe de Estado
encare con urgencia la situación de los "presos políticos" de la
democracia, unos 2.400 presos con largas prisiones preventivas que
exceden los dos años, violando la ley, como también
los condenados a prisión perpetua, cuya edad promedio es 75
años, y de los ancianos mayores de 90 años que se mueren de inanición y sin
atención médica en las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza, cuyas condenas son
inconstitucionales, por cuanto la Convención sobre Imprescriptibilidad de Penas
de Delitos de Lesa Humanidad, fue ratificada por el Congreso en el año 2003,
mediante la ley 25.778, y, por
ende, no aplicable a los hechos de la década del '70 del siglo pasado;
asimismo, el Estatuto de Roma, ratificada por la Argentina en 2003, estipula su
aplicación a posteriori de su ratificación y no apriori,
por lo cual todos los presos políticos deben ser liberados, Han muerto
unos 400 presos políticos en prisión, cuyos derechohabientes jamás fueron reconocidos por los
supuestos adalides de los derechos humanos endógena y exógenamente.
Entre ellos, el Coronel (R) Hugo José Delmé,
de 80 años, que falleció el día 12 de abril a las 20 horas, en la celda Nro. 8
-Pabellón "C"- del Instituto Penal Federal UP-34 de Campo de Mayo.
Llevaba más de 10 años soportando la injusta, inconstitucional, ilegítima
y arbitraria privación de su libertad, por una denominada "causa de lesa
humanidad". Pese a su avanzada edad y gravísimos problemas de salud,
no recibía la adecuada atención médica que su estado exigía, y le negaron
sistemáticamente la posibilidad de acceder a la Prisión Domiciliaria. Los
responsables de su muerte -por una afección cardíaca- son los integrantes del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca y los integrantes de la
Cámara de Casación, Sala 2.
¡De facto, los jueces federales y
camaristas estarían siguiendo la guerra revolucionaria por otros medios,
transformando la justicia en venganza, revancha y persecución judicial,
ignorando que el derecho positivo deviene de la Ley Natural, ésta del Decálogo,
es decir, de Dios!
A contrario
sensu, los presuntos desaparecidos -8.960, según la Conadep-, que tras el
terremoto de México de 1985, muchos aparecieron por TV, como también en
Francia, Italia, España, Escandinaria y hasta en Australia, reduciéndose en
unos 5.000 que fueron indemnizados por Menem (que se autoindemnizó),
mediante la ley 24.411 por u$s 4.000 millones, cabiendo a cada individuo
supuesto desaparecido u$s 250.000 (muchos
aparecieron, como el juez de Instrucción de Morón, Alfredo Meade).
Del mismo modo, como el presidente de la
Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, dijo que los
enjuiciamientos por sedicentes violaciones a los derechos humanos es política
del Estado, debería reabrir las
causas contra Firmenich, Bonasso, Vaca Narvaja, Perdía, Verbistky,
entre otros, cuyos crímenes quedaron impunes.
Para pacificar el país, la Justicia debe reinar(y sin Justicia no hay
República), dando a cada uno lo que le corresponde, recordando que la paz es la
tranquilidad en el orden, según San Agustín, para terminar con la rémora de la
guerra revolucionaria, ya que quienes la llevaron a cabo fueron premiados e
indemnizados, mientras los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y
Policiales que nos libraron de desaparecer en la noche oscura de los tiempos,
fueron condenados, como criminales, a muerte, a pesar de que lo prohíben el
Quinto Mandamiento y el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Alfredo Nobre Leite
Alfredo Nobre Leite