El editorial del diario La Nación nos informa que el Servicio Penitenciario Federal viene negando la salida de ancianos presos por delitos de lesa humanidad con turnos concedidos para aplicarse la vacuna contra el coronavirus, pese a la existencia de órdenes judiciales que autorizan esas salidas transitorias de las unidades penales.
Fue necesario que nos azotara una terrible pandemia para que los medios periodísticos dieran a conocer a la sociedad y al mundo la existencia de los campos de concentración en el país, Gulags argentinos, que dicen juzgar irónicamente como "Política de Estado", bajo la figura de lesa humanidad, a los militares, policías, agentes de seguridad y civiles que derrotaron al comunismo en los violentos 70s. Se está obrando con manifiesta discriminación. Semejante decisión radica en motivaciones ideológicas.
La casi totalidad de los procesados por delitos de corrupción en la República Argentina se encuentran excarcelados, y hasta los condenados por esos crímenes gozan del beneficio de la detención domiciliaria sin haber cumplido los 70 años establecidos por ley.
Sin embargo, los mismos tribunales federales que intervienen en esos procesos, se niegan a excarcelar u otorgar detenciones domiciliarias a estos ancianos a los cuales juzgan por delitos ocurridos unos 45 años atrás.
Esta injustificable actitud en perjuicio de este grupo de detenidos sólo puede explicarse por factores como la venganza y el odio ideológico, asociados a una política de derechos humanos amparada en una memoria parcial y no integral sobre los hechos de violencia que signaron a la Argentina en aquella década trágica.
La igualdad ante la ley reposa sólo en la independencia, la imparcialidad y la valentía de los jueces. Es lo que la Argentina toda necesita y reclama a este Gobierno.
Las razones y fundamentos expuestos en el editorial para los casos que cita son justos y tienen como base la igualdad ante la ley, pero en el alto contexto de la misma, los derechos humanos deben respetarse en su integridad.
La discriminación más insostenible consiste en que son juzgados con violación de las bases del derecho, principio de legalidad, la cosa juzgada, la aplicación de la ley más benigna, la prescripción por hechos ocurridos hace más de 40 años. Se demolió la justicia en nombre de los llamados "derechos humanos" que se instaló como "Política de Estado" por encima del Derecho.
