El 10 de febrero
publicamos el blog “Por la Dignidad y la Soberanía” en el que volvimos a
señalar la desafortunada intromisión de organismos internacionales en nuestra
política de la que son siempre partícipes necesarios e influyentes los
reconocidos izquierdistas Horacio Verbitsky del CELS y Mariela Belski de
Amnistía Internacional . En esta oportunidad impugnaron la designación de
Carlos De Casas, postulado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, como
comisionado del gobierno nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, porque no se adapta a la mirada y a las necesidades del organismo.
A contramano de
dicho planteo el gobernador denunció una campaña de desprestigio en base a
falsas afirmaciones, montada por el periodista Verbitsky. No es la primera vez
que Cornejo sale al cruce del agitador, pues en octubre del año pasado dijo
textualmente que “La CIDH estaba tomada por Zaffaroni, Verbitsky y las ONG” Los
dos gobernadores, uno de Mendoza y otro de Jujuy, éste en el caso Sala,
salieron dignamente a defender la soberanía del país con argumentos altamente elogiables que
contrastan con la política errática del Poder Ejecutivo, inexplicablemente
temeroso y cuidadoso de la imagen presidencial.
Hoy el diario La
Nación, saliendo del corset que le imponía la “sensibilidad” del tema, publica
un demorado editorial que pone en claro esta intromisión con una frase
destacable: “Cuando algunas
organizaciones de derechos humanos sostienen que el doctor De Casas carece de
trayectoria, eso debe traducirse en “no es de los nuestros”.
Excelente
editorial que hubiéramos deseado leerlo frente al inconcebible ataque a
nuestras instituciones perpetrado por organizaciones internacionales de extrema
izquierda en el caso de la detención de Milagro Sala, con el cual llegaron hasta la Unión Europea pidiendo
sanciones al país con un resultado bochornoso toda vez que ls U.E. los
descolocó con su respuesta negativa que reconoció la independencia de nuestra
justicia.
Todo esto provoca
una confusa reacción en la ciudadanía, engañada durante catorce años con el relato, la revisión histórica y el
manejo del pensamiento con un secretario de coordinación estratégica para el
pensamiento nacional.
La duda que
atenaza las conciencias se pregunta ahora. ¿Por qué los organismos de derechos
humanos no investigaron las denuncias de organizaciones nacionales e
internacionales sobre la ilegitimidad de las detenciones de más de dos mil
presos políticos en el país desde hace muchos años y toman un inusitado interés
por una sola persona que se halla legítimamente enjuiciada?
Editorial del diario La Nación del lunes 20 de febrero de 2017
El intenso debate que desató la postulación del doctor Carlos Horacio de Casas para ocupar una vacante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reúne suficientes elementos para que podamos caracterizarlo como un nuevo caso de argumentación precoz, la instancia en donde la opinión impregna y relega a la razón. Es esperable que en una democracia existan impugnaciones porque es muy difícil que haya candidatos del gusto de todos. Lo que no es propio de una democracia es apelar al recurso de rechazar a un candidato no por sus méritos y trayectoria, sino porque no se adapta a la mirada y a las necesidades de los otros.
En primer lugar, el candidato propuesto es una persona independiente del Gobierno -como se ha visto en diversas declaraciones públicas-, con una probada trayectoria jurídica y de servicio público. En segundo lugar, implica proponer a un abogado que tiene experiencia real en derechos humanos como usuario ante el sistema interamericano. Hay que recordar que uno de los casos que él litigó se convirtió en un hito en materia de prisión preventiva en el continente y la Defensoría General de la Nación hizo publicar un libro sobre el caso que es utilizado por todos los defensores oficiales del país. En tercer lugar, conlleva darle importancia a uno de los problemas más actuales de la CIDH, como es el severo atraso procesal, que en su mayor parte produce temas relacionados con la Justicia en general, y penal en particular. Cuando algunas organizaciones de derechos humanos sostienen que el doctor De Casas carece de trayectoria, eso debe traducirse en "no es uno de los nuestros".
La mayoría de quienes lo objetan, organizaciones sindicales, campesinas, de derechos humanos, ambientales y de igualdad de género, entre otras, esgrimen que el perfil y el desarrollo profesional del candidato "no se vinculan con la defensa y promoción de los derechos humanos, sino con el derecho empresarial, penal económico y tributario". Pero la cuestión de fondo, en verdad, es más compleja, tanto en lo institucional como en los ataques y en la difamación que se llevan adelante contra abogados a los que se intenta demonizar y difamar en función del cliente que ellos, en el ejercicio de su plena libertad profesional y de conciencia, decidieron asesorar. El objetivo no es otro que desvirtuar el principio de defensa efectiva de los derechos individuales y sociales de los representados. La principal crítica que se le hace al doctor De Casas no es otra que la de defender a un militar acusado de haber sido represor durante la última dictadura. Debe decirse que De Casas sólo tomó la defensa de ese militar por su íntima convicción de que es inocente. Se trata, incluso, de un militar que fue sancionado por expresar su desacuerdo con el golpe de Estado de 1976.
Esta visión sesgada sobre los derechos humanos motivó el expreso rechazo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Recordó, una vez más, que "los abogados, por imperativo ético de las reglas que regulan su conducta y como derecho esencial, tienen la libertad de elegir sus clientes y esa facultad no puede amparar ni generar reproche alguno, debiendo recordarse que, asimismo, es pilar de la garantía jurídica que establece la presunción de inocencia y la inviolabilidad de la defensa en juicio".
Desde una perspectiva diferente, en una columna periodística, Félix V. Lonigro, profesor de derecho y constitucionalista, definió como "jurídicamente inexplicable" la impugnación del candidato propuesto por el gobierno argentino para la CIDH. Cuando un abogado defiende a un acusado de haber cometido un delito, sea cual fuere su gravedad, sostiene Lonigro, no está haciendo otra cosa que posibilitar al implicado el ejercicio del derecho de defensa en juicio, el que también es humano, de carácter civil-procesal, que absolutamente todos los habitantes tienen el derecho de gozar y ejercer. "Afirmar que los abogados que alguna vez defendieron a supuestos represores no pueden acceder a ocupar un cargo en la CIDH no sólo es desconocer o ignorar el mismo derecho de defensa constitucionalmente consagrado, sino que además es sustentar la hipótesis según la cual los acusados de cometer delitos de lesa humanidad no tienen derecho a ser defendidos."
Es obvio que, al asumir el patrocinio de un cliente, el abogado no avala ni apoya sus convicciones políticas, ni sus ideas económicas, ni sus principios morales. Mal que le pese a cierta militancia, asesorar a un cliente no implica endosar sus conductas.
