El exjuez Baltasar Garzón fue condenado por el Tribunal Supremo de España a la pena fue de 11 años de inhabilitación para ejercer el cargo de juez en ese país, la pérdida definitiva de su condición de juez y prohibición para cualquier función en la justicia.
El delito de prevaricato se configura cuando un juez dicta resoluciones contrarias a la ley, y en este caso, según expertos jurídicos, esa decisión fue violatoria del derecho a la defensa en juicio de los imputados.
Sin embargo, mediante el decreto 2319/2012, Cristina Kirchner lo designó coordinador en asesoramiento internacional en derechos humanos con cargo "extraescalafonario", rango de subsecretario de Estado y un ingreso de 72.000 pesos, según registros de la Casa Rosada.
El constitucionalista Sabsay señala: "Si bien es cierto que la sentencia se limita al campo judicial, resulta obvio que con semejante condena Garzón jamás podría cumplir con el requisito de «idoneidad» para cualquier función pública, exigencia expresamente contemplada en el artículo 16 de nuestra Constitución". En otras palabras, aunque lo permitiera la sentencia española, son la Constitución y las leyes argentinas las que impedirían su nombramiento.
Nadie detiene el poder omnímodo de la Presidente que barre con la Constitución, las leyes y la ética de la diplomacia. Se van sumando los actos irresponsables, producto de la falta de idoneidad y del fanatismo ideológico de que hace gala como un "y a mí que me importa, voy por todo"
Saludo a Ud. atentamente,
Silvio Pizarro
